16 de Julio del 2025.- Vecinos de la colonia irregular Francisco Villa, en Playa del Carmen, se manifestaron esta tarde frente a los Juzgados Penales Orales para protestar por la liberación de dos hombres señalados como presuntos extorsionadores. De acuerdo con los colonos, estas personas exigían pagos de hasta 18 mil pesos mensuales a cambio de mantener el servicio eléctrico en la zona.
Durante la manifestación, los habitantes portaron pancartas con frases como “¡Fuera juez corrupto!” y “Venimos a exigir justicia”, dejando clara su inconformidad con la resolución del juez Gualterio Díaz, quien ordenó la liberación de los sospechosos. El enojo de los vecinos no se hizo esperar, pues aseguran que entregaron pruebas suficientes para sostener los cargos.
Antonio Aguilar Pérez, uno de los manifestantes, declaró que la decisión judicial fue un golpe para las más de 2 mil personas afectadas no solo en Francisco Villa, sino también en colonias como Las Torres de la Paz sección I, Yaxché, Balancán y Tesoro. “Advertimos lo que puede pasar si ese señor vuelve, hay mucha gente molesta y nosotros ya cumplimos con entregarlo a las autoridades”, comentó.
La historia se remonta al pasado 6 de julio, cuando los vecinos denunciaron a estos sujetos por presuntamente exigir dinero para no cortar la luz en los domicilios. Previamente, ya habían entregado 150 mil pesos por el tendido de energía eléctrica, pero el cobro adicional mensual fue lo que detonó la molestia y posterior acción comunitaria.
En un acto de desesperación, los colonos acorralaron a los presuntos extorsionadores, los ataron y los entregaron a la Policía Municipal. Aseguran que todo fue pacífico y documentado, pero aún así la justicia falló al no mantenerlos detenidos, pese al temor fundado de que los hechos puedan repetirse.
Este caso evidencia una problemática más profunda que afecta a varias zonas irregulares de Playa del Carmen: la falta de servicios públicos básicos y el vacío legal en los asentamientos informales. Estas condiciones son caldo de cultivo para abusos y cobros ilegales. Sin un marco regulatorio claro ni intervención directa del gobierno municipal y estatal, los vecinos quedan vulnerables, expuestos tanto a abusos externos como a decisiones judiciales que no consideran su contexto. La urgencia no solo es de justicia, sino también de regularización y atención social para prevenir que situaciones como esta se repitan.
