21 de Enero del 2026.- La crisis de seguridad para las mujeres en el estado de Morelos ha escalado a un punto donde la sociedad civil exige cuentas claras al gobierno de Margarita González Saravia. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que, para combatir el problema, primero es necesario que las autoridades acepten la magnitud de los asesinatos de mujeres por razones de género. Actualmente, existe una brecha enorme entre las cifras que maneja la Fiscalía General del Estado (FGE) y las que documentan los colectivos independientes, lo que impide crear estrategias reales de protección y prevención en la entidad.
José Martínez, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, ha sido enfático al señalar que la falta de reconocimiento institucional es el principal obstáculo para la justicia. Según la ley, toda muerte violenta de una mujer debe iniciarse bajo el protocolo de feminicidio, sin embargo, en la práctica esto no ocurre con regularidad. La exigencia es clara: la FGE debe demostrar que aplica las normativas vigentes y no descartar de inicio la posibilidad de que los crímenes de odio contra mujeres sean investigados como tales, evitando así la revictimización de las fallecidas.
Disparidad alarmante en las cifras oficiales y civiles
La diferencia entre los datos oficiales y los ciudadanos es impactante y genera una profunda desconfianza en las instituciones de Morelos. Durante el año 2025, mientras la Fiscalía solo reportó 35 casos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las organizaciones civiles documentaron más de 100 muertes violentas de mujeres por motivos de género. Esta tendencia se mantiene en lo que va de 2026, donde de seis asesinatos con saña registrados, las autoridades estatales solo han querido reconocer dos bajo la tipificación adecuada, dejando los demás en una zona de incertidumbre legal.
Esta situación no es nueva, ya que se ha arrastrado durante las administraciones de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco, consolidando un patrón de negación institucional. Al no contabilizar correctamente los homicidios de mujeres por identidad de género, el Estado invisibiliza el problema y permite que la violencia crezca sin control. Los activistas argumentan que, si no se reconoce una realidad, es imposible combatirla de manera efectiva, lo que ha llevado a Morelos a ocupar los primeros lugares nacionales en este rubro debido a su densidad poblacional.
Impunidad y falta de protocolos en la investigación
Uno de los datos más dolorosos revelados por los colectivos es que en Morelos existe más de un 97 por ciento de impunidad en estos casos. Esto significa que casi la totalidad de los actos de violencia feminicida quedan sin castigo, enviando un mensaje de permisividad a los agresores. José Martínez subrayó que un feminicidio representa una muerte violenta en un contexto de abandono institucional, donde el sistema de justicia falla en su labor de proteger y sancionar, perpetuando un ciclo de dolor para las familias morelenses que buscan respuestas.
Las autoridades suelen justificar la exclusión de casos sugiriendo que las víctimas podrían haber estado involucradas en actividades ilícitas, un argumento que los defensores rechazan tajantemente. El protocolo de investigación indica que el contexto de la víctima no debe ser un pretexto para negar el feminicidio; de hecho, si la mujer era víctima de otros delitos como la trata, esto debería considerarse una agravante. Investigar cada caso como privación de la vida de mujeres por género desde el primer momento es una obligación legal que la Fiscalía de Fernando Blumenkron debe cumplir sin excusas.
