Los gobiernos recurren cada vez más a tácticas legales para silenciar a periodistas, con acusaciones por supuestos delitos financieros y fiscales o leyes antiterroristas, todas ellas sin relación directa con su trabajo profesional, denunció la Unesco.
Un informe tasó en 120 los casos comprendidos en el periodo 2005-2024, de los que más de la mitad (60 por ciento) se produjeron entre 2019 y 2022, “lo que apunta a un marcado incremento del uso de estas denuncias contra periodistas”. El año 2022 registró el récord de 25 casos.
“Hay una clara tendencia en el aumento” de lo que se podría considerar como “una censura indirecta“, afirmó a EFE, Guilherme Canela, responsable de la sección de Libertad de Prensa y Seguridad de los Periodistas de la Unesco.
Este tipo de represión actuaría de manera más sibilina, pues las autoridades echarían mano de legislaciones comunes en la mayor parte de los países (como los cargos de extorsión, blanqueo de capitales, fraude o evasión fiscal), en vez de recurrir a las leyes de difamación.
“La idea es desacreditar a la prensa como interlocutor valioso en la investigación a los poderosos”, explica Canela.
Otra de las acusaciones que denuncia la Unesco contra el ejercicio del periodismo es la que se escuda en “leyes sobre agentes extranjeros“, así como leyes antiterroristas, que sirven para acusar a los medios de comunicación de financiar actividades terroristas.
Para el alto funcionario, esta práctica de “censura indirecta” tiene “unos costes muy altos”, tanto a nivel de imagen como de consecuencias penales, ya que los informadores pueden terminar “en la cárcel”, en caso de condena.
“Sucede también una autocensura del periodista, lo hemos constatado en los que cubren asuntos medioambientales”, agrega Canela.
Según la Unesco, la mayoría de esta clase de censura ha sucedido en Asia y el Pacífico, Europa del Este y Asia Central.
En América Latina y el Caribe, se registraron 7 casos entre 2010 y 2023, la mayoría en Centroamérica. “Esta subregión ha visto un repunte en las acusaciones y condenas por cargos de blanqueo de capitales y extorsión”, constata el informe.
Largas penas de cárcel, exilio forzoso de periodistas y cierre de medios de comunicación han sido tres de las consecuencias por condenas por cargos de blanqueo de capitales y extorsión.
Unesco considera además que los periodistas demandados por estos cargos tienen dificultades para defenderse, ya que el acceso a servicios legales es más complejo y oneroso que cuando se enfrenta un pleito por difamación o calumnias.
“Son necesarios expertos locales en derecho corporativo, penal y fiscal, así como contables expertos”, señalan los autores del informe para ilustrar “la complejidad jurídica de los delitos económicos”, que implican también un alto peaje psicológico y una gran inversión de tiempo.
Para la Unesco, otra de las tendencias usadas por los poderes políticos y económicos para torcer el brazo de la información independiente es el uso de los llamados ‘pleitos estratégicos contra la participación pública’ (SLAPP por sus siglas en inglés), con los que un actor poderoso presenta una demanda contra voces críticas con el mero objetivo de intimidar y de hacer incurrir en altos costes legales.
Una directiva de la Comisión Europea y un dictamen del Tribunal Supremo de Brasil, ambos recientes, demuestran que hay regiones que van por el buen camino para regular este tipo de prácticas, estima Canela.
Con información de EFE
