Ciudad de México – En un hecho que marca un precedente en el sector de las telecomunicaciones, AT&T ha ganado una batalla legal que llevaba casi tres años en tribunales. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito Especializado en Telecomunicaciones dejó sin efecto una multa impuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en noviembre de 2022. La sanción, cercana a medio millón de pesos, se debió a un retraso en la entrega de metadatos solicitados por autoridades de justicia en 2016.
La información, que incluía datos como origen de llamadas y mensajes, fue requerida por fiscalías de varios estados y la Fiscalía General de la República. Aunque AT&T entregó los datos, lo hizo fuera de plazo, lo que llevó al IFT a imponer una multa de 0.01% de sus ingresos por cada solicitud tardía. Este fallo anula la sanción, marcando un precedente importante en la regulación del sector.
Un Precedente Clave en la Regulación de Telecomunicaciones
Según expertos, el fallo a favor de AT&T no se debe a que la empresa haya cumplido con los plazos, sino a que el IFT actuó fuera de los tiempos legales para imponer la multa. Este hecho es de gran relevancia, ya que abre la puerta para que otras empresas de telecomunicaciones puedan impugnar sanciones similares, lo que podría debilitar la capacidad regulatoria del Estado en un momento crucial.
La resolución se produce en un contexto de creciente debate sobre la privacidad y protección de datos, así como la nueva legislación que sustituye al IFT por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), lo que añade una capa de complejidad al panorama.
El IFT se Despide con Polémica y la ATDT Entra con Retos
El IFT, que en sus últimos meses de operación impuso sanciones multimillonarias, como la de 1,782 millones de pesos a Telcel, desapareció en noviembre de 2024. Su lugar lo ocupa la ATDT, una nueva agencia que asume las funciones del regulador. La anulación de la multa a AT&T por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito Especializado en Telecomunicaciones podría ser un indicio de los desafíos que enfrentará la nueva agencia en la aplicación de la ley.
