NUEVA YORK, 29 de marzo de 2025 (AP).— El presidente Donald Trump firmó el martes 25 una orden ejecutiva para cambiar el sistema electoral estadounidense, incluyendo exigir prueba documental de ciudadanía para inscribirse para votar en elecciones federales y que todas las boletas se reciban a más tardar el día de los comicios.
Trump ordena reforma electoral
El mandato afirma que Estados Unidos falla “en hacer cumplir protecciones electorales básicas y necesarias” y exhorta a los estados a trabajar con agencias federales para compartir listas de votantes y combatir delitos electorales.
Además, amenaza con retirar fondos federales de los estados donde los funcionarios electorales no cumplan.
La medida, que seguramente motivará impugnaciones porque los estados tienen amplia autoridad para establecer sus propias reglas, es congruente con la larga historia de Trump de criticar los procesos electorales.
Trump y su derrota de 2020
Trump con frecuencia afirma que las elecciones son manipuladas, incluso antes de que se conozcan los resultados, y ya libró batallas contra ciertos métodos de votación desde que perdió los comicios de 2020 ante el demócrata Joe Biden y atribuyó la derrota falsamente a un fraude generalizado.
Particularmente, Trump se ha enfocado en la votación por correo, alega sin evidencia que no es segura e invita al fraude, incluso cuando mudó de opinión sobre el tema por la popularidad del voto por correo entre los electores, incluidos los republicanos.
Aunque el fraude ocurre, es raro, limitado en alcance y se procesa judicialmente.
El requisito de prueba documental de ciudadanía que se incluye en la orden es indicio de que Trump no esperará a que los republicanos del Congreso aprueben su proyecto de Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o Ley SAVE, que busca hacer lo mismo.
Los republicanos ya defendieron esa medida, que, afirman, es necesaria para restaurar la confianza del público en las elecciones.
El voto de no ciudadanos ya es ilegal y puede derivar en acusaciones de delitos graves y en la deportación.
Quiénes perderían su derecho a votar
Por su parte, los grupos que defienden los derechos electorales ya expresaron su preocupación de que el requisito podría despojar a algunas personas de su derecho a votar.
Se calcula que el 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar, o 21.3 millones de personas, no cuentan con una prueba de ciudadanía a la mano, de acuerdo con un informe de 2023 del Brennan Center for Justice y otros grupos.
También hay preocupaciones de que las mujeres casadas que cambiaron sus apellidos tendrán problemas al intentar registrarse porque sus actas de nacimiento listan sus apellidos de soltera.
Ambos inconvenientes ocurrieron en recientes comicios municipales en Nueva Hampshire, que tiene una nueva ley estatal que exige una prueba de ciudadanía para registrarse para votar.
Trump ordena reforma electoral
La orden de Trump exige a agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Estado, compartir con los funcionarios electorales datos federales que podrían ayudarles a identificar a no ciudadanos en sus listas.
También establece que el secretario de Justicia debería “priorizar la aplicación de las leyes federales de integridad electoral” en los estados que no compartan información sobre posibles delitos electorales con el gobierno federal.
El mandato también ordena que los votos deben ser “emitidos y recibidos” a más tardar el día de las elecciones, y que la financiación federal debe ser condicional al cumplimiento estatal.
Por ahora, 18 estados y Puerto Rico aceptan boletas enviadas por correo recibidas después del día de las votaciones siempre que tengan el matasellos en o antes de esa fecha, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Impugnaciones
La orden ejecutiva de Trump seguramente afrontará impugnaciones porque la Constitución otorga la autoridad sobre las elecciones a los estados.
Si, bien, el Congreso tiene la facultad de regular la votación —y lo ha hecho para aprobar leyes como la Ley de Derechos Electorales—, la Constitución deja claro que los estados tienen la autoridad principal para establecer los “tiempos, lugares y modos” de los comicios.
Al respecto, la secretaria de gobierno de Colorado, Jena Griswold, afirmó que la orden es “ilegal”, que el gobierno federal la usa como arma, y que Trump está “tratando de dificultar que los votantes se defiendan en las urnas”.
A su vez, Joe Morelle, representante demócrata de Nueva York y el integrante de mayor rango de la comisión de la Cámara de Representantes que supervisa las elecciones, declaró que la orden ejecutiva “no solo es equivocada, es inmoral e ilegal”.
Por lo menos, un abogado demócrata amenazó con acciones legales el mismo martes 25.
Marc Elias, quien ha afrontado la ira de Trump, anunció en una publicación en redes sociales: “Esto no se sostendrá. Demandaremos”.
NEW: Trump's new executive order transforming elections earned fierce criticism from Democratic officials and voting rights advocates who called it "unlawful" and "an extreme abuse of power." Some have promised to sue and challenge the order in court. https://t.co/PCM07Iv8SX
— Democracy Docket (@DemocracyDocket) March 25, 2025
Marc Elias: "I was proud to have led a team of lawyers at my former law firm, Perkins Coie, who beat [Trump] and his lawyers over and over again. And didn't just beat them… it was a humiliating exercise for them."
This is the real reason Trump hates Marc. pic.twitter.com/qTFAtYGtf2
— Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) March 19, 2025
Facultad limitada sobre las elecciones
El Poder Ejecutivo tiene cierta autoridad sobre las elecciones, recordó Justin Levitt, experto en derecho constitucional y exasesor sénior de políticas de la Casa Blanca durante el gobierno del expresidente Joe Biden.
Levitt dijo que algunas agencias federales dan apoyo electoral.
Por ejemplo, la Comisión de Asistencia Electoral reparte fondos federales a los estados y dirige un programa de certificación voluntaria para sistemas de votación, mientras la Agencia de Ciberseguridad y de Seguridad en la Infraestructura ayuda a los funcionarios electorales a proteger sus sistemas.
Hace cuatro años, en 2021, el hoy expresidente Biden emitió la orden ejecutiva de que las agencias federales tomen medidas para aumentar el registro de votantes, lo que generó quejas de los republicanos porque la consideraron una intromisión federal. Trump ya revocó esa orden.
Reacciones a la orden de reforma electoral
La orden de Trump solicita a la Comisión de Asistencia Electoral modificar sus directrices para los sistemas de votación, incluyendo priorizar aquellos que den a los votantes un registro en papel de la boleta que emitieron.
Asimismo, el mandato dice que la Comisión debería condicionar la financiación que aporta a los estados a esas nuevas directrices, lo que podría afectar a entidades como Georgia, que usan un sistema de conteo de votos basado en códigos de barras.
A pesar de ello, Brad Raffensperger, el secretario de gobierno de Georgia, reaccionó de manera positiva a la orden de Trump y dijo que es “un gran primer paso para la reforma de la integridad electoral a nivel nacional”.
“Gracias, presidente Trump, por esta orden ejecutiva que asegura que sólo los ciudadanos estadounidenses decidan las elecciones estadounidenses”, expresó Raffensperger.
Por su lado, Bryan Steil, representante de Wisconsin y presidente de la comisión de la Cámara de Representantes que supervisa las elecciones, dijo que la orden es una “acción bienvenida para proteger nuestras elecciones y prevenir la influencia extranjera”.
Asimismo, Mike Lindell, un aliado de Trump que difunde teorías de conspiración electoral y que quiere prohibir los sistemas de votación para privilegiar el conteo manual de boletas, recaudó fondos con la noticia el martes 25, afirmando en un correo electrónico que arreglará nuestras “elecciones enfermas”.
Mientras que el Comité Nacional Republicano lanzó un programa para investigar el mantenimiento de las listas de registro de votantes a nivel nacional.
Esta semana, el comité envió solicitudes de registros públicos de documentos relacionados con el mantenimiento de los padrones electorales en 48 estados y Washington, D.C., con el alegato de que el público debería saber qué hacen los estados para eliminar a personas no elegibles de las listas de votantes, incluidos los fallecidos y los no ciudadanos.
Trump aludió al fraude electoral al firmar la orden el martes 25. “Esto le pondrá fin, con suerte”, expresó y anunció que se tomarían otras medidas electorales en las próximas semanas.
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Es curioso cómo se busca hacer más complicado el proceso de votar. Pedir pruebas de ciudadanía puede dejar fuera a muchas personas que tienen derecho a participar en la democracia. Al final, en vez de facilitar las cosas, parece que se está tratando de poner más barreras. ¿No sería mejor asegurarse de que todos puedan votar sin tantos requisitos?