El gobierno de Donald Trump ha dado instrucciones a dos importantes agencias de inteligencia para que utilicen vigilancia satelital en la frontera sur de Estados Unidos como parte de una ofensiva más amplia contra la migración irregular y los cárteles de la droga. La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), ambas vinculadas al Departamento de Defensa, supervisan estos satélites espía y analizan imágenes para proporcionar información al Pentágono y otras agencias de inteligencia.
Militarización de la frontera sur
La participación de estas agencias, sumada al despliegue de tropas en la frontera, refleja una militarización creciente de la región, donde Trump declaró una emergencia nacional para justificar estas acciones. Si bien Reuters no pudo confirmar si esta vigilancia recopilará imágenes del territorio estadounidense, expertos aseguran que esta estrategia podría implicar un seguimiento más cercano de actividades en ciudades fronterizas como San Diego y El Paso.
Uso de inteligencia artificial para vigilar la frontera
El plan también contempla el uso de inteligencia artificial (IA) para identificar personas y objetos de interés mediante el análisis de imágenes satelitales y otras fuentes de datos, similar a las técnicas empleadas por el Departamento de Defensa en zonas de conflicto en el extranjero. Este enfoque podría ampliar el alcance de las capacidades militares, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles violaciones a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.
Cuando fue cuestionada, la NGA indicó que ha creado un grupo de trabajo para coordinar su apoyo a la misión fronteriza de Estados Unidos, mientras que la NRO afirmó estar colaborando estrechamente con la comunidad de inteligencia y el Pentágono para asegurar las fronteras del país. Sin embargo, ambas agencias se negaron a detallar qué tipo de información están recopilando o si esta vigilancia podría incluir territorio estadounidense, citando razones de seguridad operativa.
Debate sobre la legalidad del espionaje
Aunque las leyes estadounidenses prohíben a las agencias de espionaje vigilar a ciudadanos y residentes legales, las autoridades migratorias tienen permitido realizar registros físicos a una distancia de hasta 100 millas náuticas (185 kilómetros) desde cualquier frontera exterior de Estados Unidos. Esto abarca áreas densamente pobladas y ciudades clave como San Diego y El Paso. No obstante, expertos en seguridad advierten que la implementación de esta vigilancia plantea dudas legítimas sobre el cumplimiento de las leyes y la protección de libertades civiles.
La Casa Blanca y el Departamento de Defensa no han emitido comentarios al respecto. Sin embargo, el Portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional aseguró que todas las actividades de inteligencia llevadas a cabo son legales y autorizadas, afirmando que se realizan de manera que protegen la privacidad de los ciudadanos estadounidenses. A pesar de estas declaraciones, la falta de transparencia sobre el alcance y los objetivos exactos de esta vigilancia ha generado preocupaciones en diversos sectores.
