Por Daniel Zovatto
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la destitución del juez federal James E. Boasberg, quien suspendió temporalmente la expulsión de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Trump calificó al magistrado como un “lunático radical de izquierda” y afirmó: “Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!”
El juez Boasberg había ordenado una suspensión de 14 días para las deportaciones de presuntos miembros del Tren de Aragua y la pandilla MS-13, designadas por la administración Trump como organizaciones terroristas. Sin embargo, el gobierno continuó con las expulsiones, argumentando que la orden judicial llegó cuando los aviones ya habían salido del espacio aéreo estadounidense.
Trump justificó su decisión asegurando que está cumpliendo con la voluntad de los votantes. En su plataforma Truth Social, escribió: “Solo hago lo que los votantes querían que hiciera”, subrayando que la lucha contra la migración ilegal fue una de las principales razones de su victoria electoral.
Por su parte, Tom Homan, zar fronterizo de la administración Trump, desafió abiertamente la orden judicial, declarando: “No nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces. No me importa lo que piense la izquierda. Vamos”.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, históricamente aplicada en tiempos de guerra, ha generado un fuerte debate legal y político sobre su pertinencia en este contexto. Además, la destitución de un juez federal requiere la intervención del Congreso, un proceso poco común que generalmente ocurre en casos de conducta indebida o delitos graves.
Este enfrentamiento entre el gobierno y el poder judicial intensifica las tensiones en torno a la política migratoria y la separación de poderes en Estados Unidos.
