21 JULIO 2025-INTERNACIONALES- El control migratorio en Estados Unidos vive uno de sus momentos más intensos tras el anuncio de una inyección de 75.000 millones de dólares para ICE, la agencia encargada de arrestar y deportar inmigrantes. Esta suma récord, impulsada por el presidente Donald Trump, busca ampliar los centros de detención, contratar más agentes y acelerar el ritmo de deportaciones. La medida llega en medio de críticas, tensiones internas y un ambiente social cada vez más polarizado sobre el tema migratorio.
Desde que comenzó el mandato de Trump, ICE ha estado bajo fuego. Algunos sectores dentro del propio Gobierno piensan que la agencia no ha sido suficientemente efectiva, mientras que activistas y legisladores la acusan de abusos y exceso de fuerza. Aun así, Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han elogiado abiertamente a los agentes, asegurando que “aman a su país” y que están listos para intensificar su labor con más apoyo económico.
La expansión incluirá una notable ampliación de camas en los centros de detención, pasando de 41.000 a 100.000, con estructuras permanentes y carpas temporales. Además, se contratarán miles de nuevos agentes, muchos de ellos retirados o provenientes de otras fuerzas del orden. Esta ofensiva logística tiene como meta alcanzar 3.000 arrestos diarios, aunque actualmente se reportan entre 1.000 y 2.000.
Políticas más estrictas y efectos en derechos civiles
La nueva etapa del control migratorio no se limita a detenciones masivas. El Gobierno de Trump ha impuesto restricciones adicionales que limitan las posibilidades de liberación bajo fianza para los migrantes detenidos, incluso si llevan décadas en el país sin antecedentes penales graves. Esto representa un cambio profundo en la forma en que se manejaban antes estos casos, donde los jueces de inmigración tenían la última palabra.
Además, se han reducido drásticamente los fondos destinados a los programas de orientación legal en los centros de detención, dejando a muchos migrantes sin acceso a asesoría jurídica en un sistema migratorio ya de por sí complicado. La crítica de defensores de los derechos civiles apunta a que el Gobierno está debilitando el debido proceso y convirtiendo la detención migratoria en una regla más que en una excepción.
No solo ICE está implicada. Las nuevas órdenes afectan también a otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional que históricamente no se encargaban de arrestos migratorios. Así, se desvían recursos de la lucha contra delitos como la trata de personas o el ciberdelito para alimentar la ofensiva migratoria, algo que ha generado tensiones internas dentro del propio Gobierno.
Por otro lado, han aumentado los enfrentamientos entre ICE y ciudadanos, con protestas, agresiones y hasta tiroteos durante redadas. La polarización social ha crecido, y funcionarios electos, tanto demócratas como algunos republicanos, han expresado preocupación por el rumbo que ha tomado esta política migratoria. La comparación con prácticas autoritarias del pasado no ha tardado en surgir.
Si bien el Gobierno argumenta que todo esto es necesario para la seguridad nacional, los datos muestran que la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes penales serios. La narrativa oficial difiere de los hechos, y los costos humanos, sociales y económicos de esta política están por verse.
