El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha manifestado su intención de replicar el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Chicago, en un esfuerzo por centralizar la aplicación de la ley. Tras las movilizaciones en Los Ángeles y Washington, su administración busca utilizar a las fuerzas armadas para combatir la delincuencia, una medida que, según expertos y líderes locales, es inédita y potencialmente ilegal. La controversia ya ha llevado a un desafío legal en California, donde el gobernador Gavin Newsom argumenta que el despliegue del pasado junio es una herramienta de opresión que amenaza los principios democráticos de la nación.
La administración de Trump considera varias vías para llevar a cabo estos despliegues, principalmente invocando la Sección 12406 del Código de los Estados Unidos y la Ley de Insurrección. Si bien estas leyes otorgan al presidente la facultad de usar fuerzas militares para reprimir rebeliones o ejecutar leyes federales, su aplicación en el contexto de la delincuencia callejera es profundamente cuestionada. Según expertos, el presidente es quien decide unilateralmente cuándo se aplican estas leyes, lo que convierte la situación en una «alarma» muy difícil de deshacer.
El plan de la administración Trump ya enfrenta una fuerte resistencia de los líderes locales. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha calificado la posible intervención como «inconstitucional» y una «gran amenaza para nuestra democracia». De manera similar, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha enviado un mensaje contundente: «Señor presidente, no venga a Chicago. No lo queremos ni lo necesitamos aquí». Pritzker ha prometido llevar a la administración Trump a los tribunales si se materializa el despliegue.
La «guerra» por la autoridad federal vs. estatal
El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, una «ciudad santuario», sirve como el modelo que la administración de Trump espera replicar. El presidente intentó eludir la autoridad del gobernador Newsom invocando la Sección 12406, argumentando que no podía hacer cumplir las leyes federales de inmigración debido a las protestas. Este acto unilateral ha sido el punto de partida para una batalla legal en la que se cuestiona la legalidad de la acción de Trump en los tribunales de California, con el potencial de sentar un precedente para futuros conflictos entre el gobierno federal y los estados.
Expertos legales, como Elizabeth Goitein del Centro Brennan para la Justicia, advierten que la estrategia de Trump podría estar violando la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de militares como fuerza policial nacional. Argumentan que los delitos callejeros violentos son, en su mayoría, un asunto de leyes estatales y locales, no federales. El debate subraya el peligro de que un presidente decida que tiene la autoridad para intervenir en asuntos que históricamente han sido del dominio de los estados, erosionando el federalismo.
El debate constitucional y la Décima Enmienda
La confrontación entre la administración de Trump y los gobiernos estatales se centra en la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Los abogados de Newsom sostienen que la decisión de Trump viola la enmienda, la cual reserva a los estados los poderes no delegados al gobierno federal. La medida del presidente, al llamar a la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador, infringe la autoridad del estado sobre su propia fuerza militar y su «derecho soberano» de controlar y disponer de ella. Esta batalla legal no es solo sobre un despliegue, sino sobre la definición misma de los límites del poder presidencial.
La insistencia de Trump en desplegar la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas, a pesar de la disminución de la delincuencia violenta a nivel nacional, revela una estrategia que va más allá de la seguridad pública. Al calificar a estas urbes como «problemas» que requieren una intervención federal, el presidente busca socavar la legitimidad de sus oponentes políticos y movilizar a su base electoral con un discurso de «ley y orden». Este enfoque no solo utiliza el ejército como una herramienta política, sino que también degrada el papel de las Guardias Nacionales estatales, que tradicionalmente responden a la autoridad de sus gobernadores. La disputa, en esencia, no es solo sobre el crimen, sino sobre una lucha de poder que pone en tela de juicio el sistema federalista de Estados Unidos. La politización de las fuerzas armadas crea un precedente peligroso que podría abrir la puerta a futuros abusos de poder, transformando un mecanismo de apoyo en una herramienta de coerción política, con graves consecuencias para la democracia.
