16 SEPTIEMBRE 2025- INTERNACIONAL- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las fuerzas estadounidenses atacaron una segunda embarcación procedente de Venezuela que, según Washington, iba cargada de drogas rumbo a EE. UU. El mandatario aseguró que en la operación murieron tres hombres a los que calificó de “terroristas” y subrayó que ningún militar estadounidense resultó herido. Junto al anuncio, la Casa Blanca difundió un video corto que muestra una lancha ardiendo tras lo que parece ser un impacto desde el aire.
El comunicado del presidente llegó en el marco de una amplia operación naval en el mar Caribe, que incluye destructores, un grupo anfibio y apoyo aéreo y submarino. Washington sostiene que estas acciones van dirigidas contra el llamado “Cartel de los Soles”, al que vincula con altos mandos venezolanos y que, según EE. UU., usa embarcaciones para traficar droga hacia su territorio. Por su parte, el gobierno de Caracas niega esas acusaciones y acusa a Estados Unidos de usar el pretexto del narcotráfico para intentar un cambio de régimen.
Contexto operacional y material mostrado
Según la versión oficial estadounidense, la embarcación atacada fue interceptada en aguas internacionales y destruida por medios aéreos; en redes y en el video que acompañó el mensaje se observa una lancha sin techo que explota y arde en el mar. Las autoridades de Washington describen estas operaciones como acciones antinarcóticos dentro del área de responsabilidad del Comando Sur, y defienden el uso de la fuerza argumentando el riesgo que esas rutas y cargamentos representan para la seguridad interna de EE. UU.
Las imágenes difundidas y la forma del ataque han suscitado interrogantes inmediatos entre juristas, organizaciones de derechos humanos y actores diplomáticos. Tradicionalmente, la práctica internacional ha privilegiado la intercepción, detención y decomiso de embarcaciones sospechosas cuando es posible, para preservar vidas y respetar procesos judiciales. El uso de fuerza letal contra civiles en alta mar, incluso en operaciones antinarcóticos, abre debates sobre la proporcionalidad, la evidencia presentada y el cumplimiento del derecho internacional marítimo.
Reacción de Caracas y medidas defensivas
Caracas reaccionó con contundencia: negó vinculaciones con los hechos denunciados, calificó los ataques como agresiones y anunció medidas de seguridad, incluyendo reforzar sus milicias bolivarianas y movilizar buques. El presidente Nicolás Maduro y su gobierno han acusado a Washington de fabricar pruebas y de adoptar una política de coerción que podría escalar a un enfrentamiento mayor. En la región, la medida también genera inquietud entre países vecinos, que observan la posibilidad de incidentes que afecten la navegación civil y la estabilidad regional.
Expertos en derecho internacional y seguridad marítima recomiendan que ante operaciones de este tipo se publique con rapidez un informe transparente que incluya la cadena de mando, pruebas técnicas (por ejemplo rastreo de la embarcación, análisis forense de restos, identificación de las víctimas) y el protocolo legal seguido para autorizar el uso de fuerza. Esa transparencia ayudaría a despejar dudas, a proteger a tripulaciones inocentes en rutas marítimas y a preservar la cooperación antinarcóticos con otros países, evitando que las acciones unilaterales dañen alianzas clave en la región.
El anuncio de Trump sobre la embarcación atacada añade una nueva pieza a un rompecabezas ya tenso en el Caribe: operaciones militares, acusaciones cruzadas y el riesgo real de una escalada diplomática. La situación exige claridades —desde evidencias hasta control político— y un llamado a la cautela para que la lucha contra el narcotráfico no derive en una crisis internacional que afecte a civiles y a la navegación regional
