
28 OCTUBRE 2025-INTERNACIONAL-El gobierno de Trinidad y Tobago ha ordenado la deportación de al menos 200 migrantes venezolanos como parte de su política migratoria, una medida que busca controlar la presencia de personas indocumentadas en el país. Según el Ministerio de Seguridad Nacional, los migrantes serán concentrados en un Centro de Detención de Inmigración antes de su deportación, siguiendo la solicitud enviada por Videsh Maharaj, secretario permanente del ministerio, bajo órdenes de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar.
Esta medida había sido propuesta anteriormente por Persad-Bissessar, pero fue hasta este lunes que se formalizó la acción. Maharaj explicó que los indocumentados no serán evaluados de manera individual antes de ser deportados, lo que ha generado críticas sobre el carácter masivo del procedimiento y posibles violaciones de derechos humanos.
Persad-Bissessar ha responsabilizado a la administración anterior por no haber abordado la migración ilegal de manera efectiva en la última década. Según la primera ministra, la falta de control permitió que algunas personas ingresaran al país con fines delictivos, mezclándose con quienes realmente buscaban escapar de la crisis en Venezuela.

La deportación se da en un contexto de crecientes tensiones entre Trinidad y Tobago y Venezuela. En semanas recientes, la presencia de equipos militares de Estados Unidos en el mar Caribe, apoyada por Trinidad y Tobago, ha generado rechazo en Caracas. Esta colaboración incluye la llegada de un destructor estadounidense a territorio trinitense para realizar ejercicios militares en la región.
En respuesta, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la suspensión inmediata de los acuerdos de gas con Trinidad y Tobago, calificando la medida como una “amenaza” y criticando la postura de Persad-Bissessar, a quien acusó de querer convertir al país insular en un “portaaviones” de Estados Unidos en Suramérica.

Esta deportación podría afectar las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, así como generar tensiones adicionales en la seguridad del Caribe, dado que la migración venezolana sigue siendo un fenómeno creciente en la región, con impactos en la economía y los servicios públicos de los países receptores.








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