13 DE MARZO DEL 2026 – NACIONAL. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito ha dado un paso decisivo para asegurar el futuro del agua en el norte del país. Las autoridades judiciales confirmaron de manera definitiva la sentencia que ordena la preservación del depósito hídrico Principal de la Región Lagunera. Esta resolución surge tras rechazar un recurso promovido por 29 concesionarios de aguas nacionales, quienes intentaban dar marcha atrás a una decisión previa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que busca rescatar esta fuente de vida.
Los concesionarios que se oponían a la medida argumentaron que no fueron llamados adecuadamente durante el juicio de amparo inicial. Su estrategia legal buscaba reponer todo el procedimiento para anular las acciones de cuidado de la reserva de agua que ya habían sido ordenadas. Sin embargo, los magistrados determinaron que no procedía tal revisión, cerrando la puerta a cualquier intento por detener las medidas urgentes que las autoridades federales deben aplicar para detener el deterioro de este recurso natural.
Un mandato para la recuperación ambiental
La resolución que ahora queda firme establece que el Gobierno tiene la obligación ineludible de adoptar planes concretos para la recuperación de la fuente subterránea en la Comarca Lagunera. Este acuífero es considerado una pieza estratégica para la región, ya que de él dependen no solo el suministro de agua potable para miles de familias, sino también la estabilidad de las actividades agrícolas e industriales. Sin estas medidas, el equilibrio ambiental de la zona se encontraba en un riesgo crítico debido a la sobreexplotación de años anteriores.
El fallo judicial se logró gracias al voto a favor de las magistradas María Guadalupe Carranza Galindo y Magda María Isabel Cobos Lerma. Ambas juzgadoras coincidieron en que la salvaguarda del manto acuífero debe estar por encima de los intereses particulares de los grandes consumidores de agua. Aunque hubo una propuesta interna para revocar la sentencia, la visión de proteger el medio ambiente prevaleció, marcando un hito en la justicia ambiental para los habitantes de los estados de Coahuila y Durango.
Respaldo social y ciudadano a la medida
Este proceso judicial no ocurrió de forma aislada, sino que estuvo acompañado por un fuerte movimiento ciudadano y académico. Más de dos mil personas, entre ellas especialistas en temas de agua y ciudadanos preocupados, enviaron escritos al tribunal para exigir que se mantuviera la defensa del recurso hídrico. El respaldo de la sociedad civil fue fundamental para visibilizar que la protección de la cuenca no es solo un tema de leyes, sino una necesidad básica para la supervivencia de las futuras generaciones en la región.
