
El Tribunal de Disciplina Judicial se instaló este martes con una clara advertencia: habrá cárcel para los jueces corruptos y severas sanciones para aquellos que retarden o resuelvan casos de manera injusta. La ceremonia, llevada a cabo en la sede de la Judicatura, marcó el inicio de un nuevo órgano que busca poner orden y transparencia en el sistema judicial. La magistrada Eva Verónica de Gyvés Zárate fue elegida por sorteo para presidirlo, asumiendo la enorme responsabilidad de vigilar la conducta y la honestidad de los impartidores de justicia.
En el acto, al que asistieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se le colocó la toga a los cinco magistrados que integran el Tribunal. Este simbolismo refuerza el compromiso de los nuevos miembros, que, según se anunció, se ajustarán a los principios de austeridad y honestidad. La sociedad exige un cambio, y este Tribunal se presenta como una respuesta a la demanda de un sistema judicial más justo y transparente.

Cero tolerancia a la corrupción judicial
En su mensaje, la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Eva Verónica de Gyvés, aseguró que el órgano no perseguirá a los jueces que no estén de acuerdo con los cambios en el Poder Judicial, sino que se centrará en vigilar las conductas basadas en la ley. Sin embargo, su homólogo, Rufino H. León Tovar, fue más contundente, advirtiendo que los jueces corruptos enfrentarán penas de prisión. «Desterremos de una vez por todas la idea de que en México solo tienen acceso a la justicia quienes tienen poder o dinero», afirmó Tovar, señalando que es hora de pagar a los mexicanos «una deuda histórica de justicia».
Por su parte, el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez aclaró que no serán «la inquisición» ni «perseguidores de amigos o de enemigos», pero sí vigilarán la conducta y la fortuna de los jueces y magistrados. Esta vigilancia, que incluye revisar la procedencia de sus bienes, es un paso crucial para combatir la impunidad y la corrupción. El Tribunal de Disciplina Judicial revisará que los procesos sean ágiles, que se investigue cualquier duda sobre honestidad y, sobre todo, que las resoluciones se hagan con justicia.
La instalación de este Tribunal responde a un clamor popular por un sistema judicial que verdaderamente sirva a la ciudadanía. La corrupción y la lentitud en los procesos han sido un lastre para la justicia en México. Con este nuevo órgano, se busca que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones y que la ley se aplique sin distinción de poder o riqueza. El mensaje es claro: la era de la impunidad en el Poder Judicial ha llegado a su fin.
