Cancún, Q. Roo, 21 de agosto de 2025.– El Tren Maya se ha convertido en un motor de crecimiento inmobiliario en el sureste del país, pero también ha generado una preocupante proliferación de desarrollos ilegales que afectan ecosistemas costeros y selvas. Inmuebles de lujo han sido construidos sin cumplir con las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), lo que ha provocado daños irreversibles en manglares, fauna silvestre y zonas de alta fragilidad ecológica.
De acuerdo con la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), al menos una decena de proyectos inmobiliarios han avanzado de manera irregular en Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Cancún. Estos desarrollos obtienen permisos municipales o estatales de uso de suelo, pero omiten la autorización federal en materia ambiental, lo que representa una violación a la ley.
Tren Maya y especulación inmobiliaria
El auge inmobiliario en torno al Tren Maya ha creado un escenario de especulación con terrenos cercanos a las estaciones. La abogada Irma del Carmen Morales, quien lleva varios casos contra desarrolladoras, denunció que las constructoras compraron lotes para promocionarlos como “departamentos de lujo cerca del Tren Maya”, sin cumplir los requisitos ambientales.
El ambientalista José Urbina señaló que en Tulum se han otorgado más de 600 autorizaciones para nuevos inmuebles en los últimos años, muchos de ellos en ecosistemas costeros. “Empiezan a construir con licencias municipales, cuando deberían tramitar una MIA federal”, explicó Morales. Esta laguna legal ha permitido que los proyectos avancen mientras se litigan denuncias, generando impactos ambientales difíciles de revertir.
Desarrollos señalados y resistencia ciudadana
Entre los desarrollos denunciados ante Profepa, Sedetus y el municipio de Solidaridad se encuentran Legacy Agua, Macondo, Bakabá, Casa de Piedra, Huma y Vi-há 36 en Playa del Carmen. En Tulum, proyectos como Neró, Adamar y MAIIM enfrentan procesos legales; en Puerto Morelos destacan Alux 33 y Sole Blu, mientras que en Cancún se han registrado nuevas quejas en colonias cercanas a zonas de reserva.
Vecinos de Playacar denunciaron que seis proyectos habitacionales han destruido flora y fauna, provocando incluso la muerte de crías de venado en la zona. Estos testimonios evidencian que el impacto no es solo ambiental, sino también social, al deteriorar la calidad de vida en comunidades que dependen del equilibrio ecológico para mantener su atractivo turístico y su sustento económico.
Bacalar y la Sedena bajo la lupa
El problema no se limita a desarrolladoras privadas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intentó construir una casa de descanso junto a la laguna de Bacalar, alegando razones de “seguridad nacional”. Sin embargo, organizaciones civiles denunciaron que se trataba de un nuevo proyecto sin MIA, disfrazado como rehabilitación de una obra previa.
Un juez otorgó la suspensión definitiva de la construcción, pero la Sedena ha buscado revertir la medida. Ambientalistas alertan que el uso de materiales de construcción ya ha contaminado el cuerpo lagunar, poniendo en riesgo un ecosistema reconocido por su valor turístico y ambiental.
El Tren Maya representa un megaproyecto con potencial económico, pero también ha expuesto la debilidad institucional en materia ambiental. Expertos coinciden en que el problema no es el crecimiento en sí, sino la falta de cumplimiento y supervisión de las leyes. El caso de Bacalar refleja un patrón preocupante: incluso instituciones federales intentan eludir regulaciones ambientales bajo argumentos ambiguos.
Si no se aplican sanciones claras y se fortalecen los mecanismos de vigilancia, el impacto ambiental podría superar los beneficios económicos a mediano plazo. La sostenibilidad del sureste no debe depender únicamente de la inversión, sino de un modelo de desarrollo equilibrado que respete ecosistemas y asegure la conservación del patrimonio natural para futuras generaciones.
