Cancún, Q. R., a 21 de agosto de 2024.- El conflicto entre los transportistas tradicionales de Quintana Roo y la plataforma digital Uber está a punto de intensificarse, con la convocatoria a una protesta masiva programada para el próximo 31 de agosto. El colectivo “Transportistas Unidos de Quintana Roo” ha anunciado su intención de bloquear la entrada al Aeropuerto Internacional de Cancún, así como los accesos a Playa del Carmen y Tulum, en un intento de forzar la salida definitiva de Uber de la región.
Según los organizadores, la protesta surge de la frustración acumulada por la presencia de Uber en las terminales aéreas de Quintana Roo, donde alegan que la plataforma opera de manera ilegal al utilizar vehículos particulares con placas estatales en zonas federales. El colectivo sostiene que Uber está afectando gravemente a los taxistas locales, y que la situación ha sido tolerada por las autoridades federales y la concesionaria del aeropuerto, Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).
Por otro lado, Agueda Esperilla, representante de socios conductores de Uber en Cancún, ha rechazado las acusaciones y ha señalado que la protesta probablemente está impulsada por “operadores de taxi piratas” y por el propio ASUR, quienes ven amenazados sus intereses por la competencia que representa Uber. Esperilla también denunció la existencia de una “mafia de transportistas” que, según ella, opera bajo la complicidad de las autoridades y ofrece servicios irregulares en el aeropuerto.
La tensión entre ambos grupos ha escalado en las últimas semanas, especialmente después de que la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) llevaran a cabo operativos en el Aeropuerto de Cancún. Estos operativos resultaron en la detención de nueve vehículos de Uber el pasado 25 de julio, bajo el argumento de que no contaban con la autorización necesaria para operar en zona federal. No obstante, Esperilla afirmó que la plataforma cuenta con una suspensión legal que les permite operar en cualquier aeropuerto internacional de México, por lo que las detenciones serían ilegales.
La manifestación del 31 de agosto se perfila como un episodio crítico en la disputa en curso, con el potencial de generar importantes disrupciones en la movilidad y actividades turísticas de la región si no se llega a una solución antes de la fecha señalada.
