CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Procedentes de Estados Unidos, llegan de forma ilegal al menos 250 mil armas al año a México, dijo Alejandro Celorio Alcántara, exconsultor jurídico del Gobierno de México y miembro del Servicio Exterior Mexicano, en un conversatorio organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM.
El especialista explicó que el país enfrenta dificultades legales para responsabilizar a fabricantes estadounidenses por el daño causado.
El foro se tituló “México vs Industria armamentista de EU: Desafíos jurídicos en la lucha contra el tráfico ilícito de armas”. Ahí, Celorio afirmó que, de no existir la llamada “Ley Placa”, que otorga inmunidades jurisdiccionales a fabricantes de armas en EE.UU., México sería un país más seguro. Esa legislación impide que las empresas enfrenten consecuencias por el uso de sus productos en el extranjero.
Durante su intervención, expuso que los recursos destinados a la violencia podrían haberse canalizado a rubros como educación, vivienda o salud. También mencionó que no es sencillo emprender un litigio contra una industria con amplio respaldo político y económico. No obstante, aseguró que el gobierno mexicano del sexenio anterior tuvo la determinación de iniciar el proceso.
La querella, dijo, no fue interpuesta contra el gobierno estadounidense ni contra ciudadanos norteamericanos, sino que se presentó como una demanda civil por daños. Se dirigió a diez empresas de armas, aunque más tarde se desistió del proceso contra dos de ellas: Glock, con sede en Austria, y Beretta, en Italia.
Celorio explicó que el objetivo legal fue sortear la inmunidad mediante dos ejes jurídicos: evitar la aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense y demostrar que la industria armamentista no goza de inmunidad absoluta. La estrategia se apoyó también en herramientas del derecho internacional.
Consulta a Corte Interamericana de Derechos Humanos
En octubre de 2023, el gobierno mexicano solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el diplomático, esta acción buscó fortalecer el caso legal sin acusar al Estado estadounidense, sino como una forma de brindar información útil para tomar medidas.
Lourdes Marleck Ríos Nava, directora del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho, señaló que México vive una coyuntura relevante en su batalla jurídica. La cifra de armas ilegales es alta, y muchas de ellas son de uso exclusivo del Ejército.
Se estimó que en el país hay más de 4.5 millones de armas provenientes de EE.UU., incluidas ametralladoras, fusiles AK-47, lanzagranadas y rifles de alto calibre. Además, existen alrededor de 17 millones en manos de civiles, y su venta se disparó en 2019 con un aumento de 35 por ciento.
De todas las armas incautadas en territorio nacional, 70 por ciento tiene origen estadounidense. El 30 por ciento restante proviene de Brasil, Alemania y República Checa, revelaron expertos. Muchas llegan mediante mecanismos ilícitos como el contrabando o compras realizadas por intermediarios.
Anteayer, se dio a conocer que Donald Trump exigió aplicar “mano dura” contra el tráfico de armas, esto como parte de la lucha estadounidense contra los cárteles de la droga mexicanos.
Es increíble que, a pesar de que el tráfico de armas desde Estados Unidos a México es un problema tan grande, parece que no se están tomando medidas efectivas para detenerlo. Es como si se ignorara lo obvio, y eso solo empeora la situación de violencia. Necesitamos más acción y menos palabras, porque la gente está sufriendo y no hay tiempo que perder.
Es preocupante ver cómo la mayoría de las armas que llegan a México provienen de Estados Unidos. Esto no solo alimenta la violencia, sino que también pone en riesgo a muchas personas inocentes. Es hora de que se tomen medidas más efectivas para controlar este tráfico y proteger a la población.
Es preocupante que la mayoría de las armas que llegan a México provengan de Estados Unidos. Esto solo alimenta la violencia y los problemas que ya enfrentamos. Es hora de que se tomen medidas más serias para controlar este tráfico y proteger a la gente. La situación no puede seguir así, porque al final, quienes sufren son las comunidades.