Quintana Roo., a 28 de agosto del 2024.- El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ha emitido una resolución unánime para imponer una amonestación pública a Roberto Alan Marín Flores, ex candidato a la Presidencia Municipal de Cozumel por el partido Movimiento Ciudadano (MC), y al propio partido político. La sanción se debe a la colocación de propaganda electoral en una zona turística de la ciudad, lo cual está prohibido por las reglas electorales vigentes en el estado.
La resolución, aprobada el 16 de agosto de 2024, surge a raíz de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) bajo el Procedimiento Especial Sancionador PES/122/2024. Los magistrados del Teqroo concluyeron que Marín Flores y Movimiento Ciudadano cometieron una infracción al permitir la colocación de propaganda en bardas de áreas turísticas de Cozumel, violando las normativas establecidas para la propaganda electoral.
La figura legal utilizada en esta amonestación es «culpa in vigilando», que implica responsabilidad por no vigilar adecuadamente el cumplimiento de las leyes electorales. Este tipo de sanción refleja un enfoque más estricto del Teqroo hacia las infracciones electorales, buscando fortalecer la integridad del proceso democrático en Quintana Roo.
Las reacciones a la decisión del Teqroo han sido variadas. Mientras algunos actores políticos y ciudadanos consideran que la sanción es un acto de justicia que refuerza el cumplimiento de las normas electorales, otros la ven como una medida desproporcionada que podría tener motivaciones políticas. Este tipo de tensiones subraya los desafíos que enfrentan los partidos políticos en contextos de alta competencia electoral, donde el cumplimiento de las normativas es fundamental.
Por su parte, Movimiento Ciudadano ha expresado su desacuerdo con la decisión del tribunal electoral y ha anunciado que revisará las acciones legales pertinentes para impugnar la amonestación. Este caso resalta la importancia de la vigilancia sobre las actividades de campaña y de la adhesión estricta a las leyes electorales para garantizar la equidad y transparencia en los procesos democráticos.
