12 DE FEBRERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. Una jornada de extrema violencia se vivió este miércoles en los alrededores del Congreso de la Nación, donde miles de personas se reunieron para manifestar su rechazo a la reforma laboral. La movilización, que comenzó de manera pacífica, fue interceptada por un fuerte operativo de seguridad que incluyó a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Las fuerzas de seguridad utilizaron camiones hidrantes, balas de goma y gas pimienta para dispersar a las columnas de trabajadores que intentaban llegar a la sede legislativa para expresar su descontento.
El operativo fue duramente criticado debido a la presencia de un pequeño grupo de provocadores encapuchados que atacaron las vallas con piedras y bombas molotov sin ser detenidos por la policía. En contraste, la represión se dirigió hacia la multitud que marchaba tranquilamente, resultando en al menos 15 personas detenidas. Curiosamente, ninguno de los arrestados pertenecía al grupo violento que inició los disturbios, lo que generó sospechas entre los asistentes sobre la organización de estos incidentes para justificar el uso de la fuerza.
Impacto social y críticas al modelo económico
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en la protesta y denunció que esta reforma de las leyes de trabajo busca quitarle derechos fundamentales a los empleados, comparándola con medidas de épocas dictatoriales. El mandatario provincial aportó datos alarmantes sobre la situación actual, afirmando que bajo la gestión de Javier Milei se pierde un empleo cada cuatro minutos. Además, señaló que el 72 % de los trabajadores gana menos de lo necesario para cubrir sus necesidades básicas en un contexto de cierres masivos de empresas.
La situación económica agrava el malestar, ya que el costo de la canasta básica para una familia tipo supera ampliamente los ingresos promedio de la población. Mientras el gobierno reportó una inflación del 2.9 %, diversos sectores denuncian que la cifra real es mucho más alta y que los salarios han quedado totalmente rezagados frente al aumento de los servicios. Esta crisis de bolsillo fue el principal motor de la movilización contra la reforma del mercado de trabajo, la cual se replicó con fuerza en otras provincias como Córdoba y Santa Fe.
Postura oficial y complicaciones en el Senado
Desde el Poder Ejecutivo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió el accionar policial y aseguró que los responsables de los ataques serán identificados y procesados. Según la funcionaria, los incidentes fueron provocados por grupos de izquierda organizados que buscaban generar caos mediante el uso de armamento casero contra los uniformados. Esta narrativa fue replicada por voceros oficiales para señalar a los movimientos sociales como los responsables de la violencia vivida durante la jornada de protesta contra la reforma del empleo.
Mientras la calle ardía, en el Senado las negociaciones se volvieron más difíciles de lo esperado para el oficialismo. Aunque el gobierno confiaba en tener los votos necesarios tras meses de acuerdos con distintos gobernadores, los cambios de último momento en el texto de la ley han generado nuevas dudas entre los legisladores. El futuro de la reforma de la normativa laboral permanece incierto, mientras la presión social aumenta y las denuncias por la represión policial continúan sumando críticas tanto a nivel nacional como internacional.
El «Protocolo Antipiquetes» y la OIT
