La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.
Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de ‘lawfare’, es decir, persecución judicial y política.
“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional”, dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Y añade: “El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, agrega.
La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
El fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días.
La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado.
El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre.
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Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra.
La causa por la que fue condenada, conocida como ‘Vialidad’, investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.
En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo.
En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como “guardia pretoriana del poder económico” y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan “libres” por las calles, por lo que, para ella, “estar presa es un certificado de dignidad”.
Con información de EFE.
Es preocupante ver cómo la justicia se aplica de manera tan dura, pero también es importante que se mantenga la responsabilidad en la política. La corrupción no debería tener cabida, y si hay pruebas, hay que actuar. Sin embargo, la forma en que se manejan estos casos a veces parece más un juego político que una verdadera búsqueda de justicia.
Es bueno que se tomen decisiones firmes cuando hay irregularidades, pero también es preocupante ver a una figura política en esta situación. La justicia debe ser igual para todos, pero a veces parece que hay más de un estándar.
Es un tema complicado, pero la justicia debe ser igual para todos, sin importar quién seas. Si hay pruebas de que hizo algo mal, entonces está bien que enfrente las consecuencias. Sin embargo, también hay quienes piensan que esto es más político que judicial.