11 NOVIEMBRE 2025-NACIONAL-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para discutir una serie de litigios que podrían representar un golpe financiero de más de 48 mil millones de pesos para las empresas propiedad de Ricardo Salinas Pliego. La sesión, programada para el próximo 13 de noviembre, incluirá amparos, recursos de reclamación e impedimentos relacionados con los créditos fiscales que el gobierno federal reclama desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los casos más relevantes es el que involucra a Grupo Elektra, con un crédito fiscal de más de 33 mil millones de pesos. El ministro Irving Espinosa Betanzos propondrá abandonar criterios previos que habían limitado la participación de ministras como Lenia Batres en estos asuntos, argumentando que sus comentarios en redes sociales previos a su nombramiento no comprometen su imparcialidad. Esta decisión podría marcar un precedente sobre la libertad de expresión de los jueces antes de asumir el cargo.
La Corte también analizará una posible sanción contra Grupo Elektra por intentar prolongar los procesos judiciales mediante recursos y reclamaciones reiteradas. De aprobarse, se impondría una multa de 70 Unidades de Medida de Actualización, equivalente a poco más de siete mil pesos, aunque el impacto real sería simbólico frente a la magnitud económica de los casos.
Otros ministros, como Arístides Guerrero y Hugo Aguilar Ortiz, presentarán proyectos que buscan desechar varios amparos interpuestos por las empresas del grupo, confirmando así la obligación de pagar los créditos fiscales correspondientes a distintos ejercicios entre 2008 y 2013. De ser aprobados, los fallos cerrarían litigios que llevan más de una década en curso y que han obstaculizado la recuperación de miles de millones de pesos para el erario.
Más allá del aspecto técnico, esta discusión coloca nuevamente sobre la mesa la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Federal. Mientras algunos sectores interpretan los proyectos como una alineación de los ministros con la 4T, otros los consideran un paso necesario para fortalecer la rendición de cuentas y demostrar que las grandes corporaciones no están por encima de la ley.
Fuentes del sector financiero señalan que, si la Corte confirma los pagos pendientes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría recuperar en los próximos meses una parte sustancial de los recursos, lo que impactaría positivamente en las finanzas públicas y reduciría la presión sobre la recaudación del próximo ejercicio fiscal. Sin embargo, expertos advierten que Grupo Salinas aún podría recurrir a instancias internacionales para retrasar el cumplimiento de los fallos.
