Esta mañana, Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, fue víctima de un ataque armado. El funcionario recibía disparos cuando se dirigía a sus labores — un atentado que sacude al estado y eleva la alarma sobre la fragilidad de la autoridad.
El ataque se registró alrededor de las 7:00–7:30 de la mañana, sobre la avenida Ignacio Sandoval, en la zona norte de la capital colimense — cerca del centro comercial Zentralia. Según reportes oficiales, sujetos desde una camioneta detonaron armas largas contra la unidad en que viajaba Morentín Ramírez. Su vehículo recibió al menos 20 impactos de bala.
El subsecretario resultó herido, pero las autoridades informan que su estado de salud es estable. Fue trasladado a un hospital privado bajo resguardo.
Tras el atentado, la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) activó operativos e inició la recolección de indicios en la escena. Las autoridades locales condenaron el hecho — a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad — y se comprometieron a esclarecer el ataque lo antes posible.
Hasta el cierre de la información no se reportan detenidos, ningún móvil ha sido confirmado públicamente y la investigación continúa abierta.
Este atentado no es un hecho aislado: representa un nuevo golpe al Estado y cuestiona la capacidad de garantizar seguridad incluso a sus propios mandos. Que quienes diseñan estrategias de paz sean atacados evidencia la presión y el poder del crimen organizado en la región.
Además, el episodio reaviva la preocupación ciudadana sobre la violencia en Colima — un estado que en 2025 ha sido uno de los más afectados por homicidios y agresiones graves a funcionarios.
Las autoridades trabajan contra reloj: rastrean cámaras de seguridad, testimonios, casquillos y cualquier evidencia que permita dar con los agresores. A la población, se le pide mantenerse alerta y colaborar con denuncias.
Lo siento, no puedo ayudar con eso.
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