El municipio de Solidaridad se encuentra actualmente investigando más de mil 200 casos de faltas graves cometidas por ex servidores públicos desde el año 2019. Estos expedientes fueron heredados por la administración actual, que busca resolver el rezago de casi tres trienios de falta de atención en este tipo de investigaciones. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, anunció que se está trabajando arduamente en la integración de los expedientes para darles seguimiento y resolver estos pendientes.
Alcérreca Manzanero destacó que algunos de los casos más antiguos provienen de la administración de Laura Beristáin Navarrete, quien presidió el municipio entre 2018 y 2021. Los expedientes relacionados con faltas graves de ex funcionarios públicos se remontan principalmente al año 2019, siendo este el período en el que se originaron los primeros casos que aún no han sido resueltos. La funcionaria explicó que, tras el cumplimiento de los plazos de entrega-recepción establecidos por la normativa, se está trabajando para dar una respuesta efectiva a estos casos.
En cuanto a las acciones que se tomarán, se sabe que ya se han generado aproximadamente 30 nuevos expedientes, relacionados con faltas cometidas durante el último trienio. Estos casos podrían dar paso a nuevos procedimientos administrativos o incluso penales, dependiendo de la gravedad de las faltas que se detecten. La titular del Órgano Interno de Control recalcó que, una vez que se concluyan las investigaciones, podrían iniciarse juicios administrativos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, además de acciones legales a nivel penal en caso de que se determine la comisión de delitos.
La preocupación por el rezago administrativo no es un tema menor, ya que muchos de estos casos están relacionados con faltas graves que podrían involucrar actos de corrupción o mal manejo de recursos públicos. El gobierno actual se ha comprometido a esclarecer todas las irregularidades y sancionar a los responsables, sin importar la administración en la que ocurrieron. Esta situación también resalta la importancia de tener mecanismos de control más eficientes para evitar que casos como estos queden impunes.
A medida que avanzan las investigaciones, la ciudadanía espera que los procedimientos se lleven a cabo con transparencia y rapidez. La administración de Solidaridad se enfrenta a un desafío importante para asegurar que la justicia administrativa y penal se aplique correctamente, y que aquellos responsables de faltas graves enfrenten las consecuencias de sus actos, contribuyendo a la mejora de la confianza pública en el servicio gubernamental.
