13 de Agosto 2025.- El sheriff Steven W. Tompkins, del condado de Suffolk en Massachusetts, fue arrestado y enfrenta cargos federales de extorsión bajo el color de derecho oficial. Según la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, el funcionario de 67 años habría usado su cargo para obtener beneficios financieros de una empresa de cannabis con sede en Boston. La detención se realizó en el Distrito Sur de Florida y se espera que Tompkins comparezca ante un tribunal federal este viernes 8 de agosto.
Desde 2019, la empresa identificada como “Company A” buscaba obtener la licencia estatal para abrir un dispensario en Boston. Parte de los requisitos incluían colaborar con instituciones locales, incluyendo el SCSD, que dirige Tompkins. Una carta firmada por el sheriff en septiembre de 2019 avalaba la participación de candidatos del programa de reinserción del SCSD, lo que fue incluido en la documentación oficial presentada a la Massachusetts Cannabis Control Commission.
Cargos y transacciones financieras cuestionadas
Los documentos judiciales revelan que Tompkins presionó a un ejecutivo de la empresa, identificado como “Individual A”, para obtener acciones antes de la salida a bolsa. La compra inicial de 28.883 acciones a 1,73 dólares cada una se valorizó hasta alcanzar aproximadamente 138.403 dólares en 2021. Posteriormente, tras la caída del precio en 2022, el sheriff habría exigido la devolución íntegra del monto inicial, recibiendo cinco cheques bajo conceptos como “pago de préstamo” o “gasto de la empresa” para ocultar la transacción.
La acusación formal detalla que el sheriff se habría beneficiado de su posición para influir en decisiones estratégicas de la compañía, lo que constituye un presunto abuso de poder. De confirmarse los cargos, cada uno podría acarrear hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de 250.000 dólares, según la ley federal.
Reacciones oficiales y marco legal
La fiscal federal Leah B. Foley señaló que los funcionarios públicos deben actuar con ética y respeto a la ley, y que cualquier caso de corrupción será perseguido. Por su parte, el agente especial Ted E. Docks de la FBI División Boston enfatizó que la conducta atribuida a Tompkins representa “corrupción clara bajo la ley federal”. Se recuerda que, hasta que exista una sentencia judicial, el sheriff se presume inocente.
El caso involucra a un cuerpo de aproximadamente 1.000 empleados bajo el mando de Tompkins, quien fue nombrado sheriff en 2013 y reelegido en años posteriores. La investigación contó con la colaboración de fiscales especializados en corrupción y representantes del IRS, evidenciando la prioridad de las autoridades en combatir el abuso de poder y la corrupción pública.
Este caso no solo resalta presuntas irregularidades financieras, sino que evidencia la vulnerabilidad de empresas emergentes, como las de cannabis, frente a la influencia indebida de funcionarios públicos. Expertos en gobernanza señalan que situaciones como esta pueden desalentar inversiones legales y afectar la confianza en los programas de reinserción laboral asociados a las autoridades locales. Además, plantea la necesidad de mecanismos más estrictos de supervisión de funcionarios con autoridad sobre licencias y permisos regulatorios.
