21 DE ENERO DEL 2026 – NACIONAL. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró recientemente que la entrega de narcotraficantes a las autoridades de Estados Unidos no fue el resultado de un acuerdo improvisado o una imposición externa. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el envío de estos 37 delincuentes respondió a una solicitud formal del Departamento de Justicia de la Unión Americana, pero siempre bajo el análisis riguroso de las instituciones mexicanas. Según Sheinbaum, cada caso es evaluado minuciosamente por el Consejo Nacional de Seguridad para garantizar que la medida sea conveniente para los intereses de nuestra nación.
La mandataria fue enfática al señalar que esta extradición de criminales se realiza poniendo siempre a México en primer lugar, sin importar el origen de la petición. Sheinbaum puntualizó que, aunque existan solicitudes constantes por parte del gobierno estadounidense, la última palabra la tiene el Estado mexicano basándose en la política de seguridad nacional y la protección de la soberanía. Con esto, busca dejar claro que no se trata de una acción para «quedar bien» con el país vecino, sino de un ejercicio de autoridad responsable que busca el bienestar de la ciudadanía.
Colaboración estratégica y seguridad nacional
Sobre el proceso de selección, la presidenta detalló que no todos los perfiles solicitados son enviados de manera automática, ya que el traslado de capos hacia el extranjero depende de un análisis de seguridad profundo. “Muchos de ellos son extraditables, pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México; no es que solo lo pidan y ya se vayan”, comentó. De esta forma, desmintió las versiones de algunos analistas que sugerían que estas acciones eran una concesión política, reafirmando que la coordinación bilateral respeta la autonomía de los procesos judiciales mexicanos.
En este sentido, se explicó que la cooperación internacional es fundamental para disminuir los índices de violencia en el territorio nacional. Al evaluar si la entrega de objetivos prioritarios ayuda a pacificar ciertas regiones, el Consejo Nacional de Seguridad determina la viabilidad de los envíos. La intención principal es desarticular bandas delictivas que afectan la tranquilidad de las familias mexicanas, utilizando las herramientas legales disponibles en los tratados internacionales de colaboración pero sin comprometer la independencia del sistema de justicia propio.
Impacto de las extradiciones en la administración actual
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aportó datos relevantes sobre la frecuencia de estas operaciones de justicia. Informó que con la reciente salida de delincuentes hacia Estados Unidos ocurrida el 20 de enero de 2026, ya suman 92 personas enviadas a enfrentar juicios en el extranjero durante el actual sexenio. Esta cifra refleja una actividad constante en materia de seguridad fronteriza y un compromiso por evitar la impunidad en delitos de alto impacto que cruzan las fronteras.
Finalmente, el gobierno federal reiteró que estas acciones no son nuevas ni aisladas, sino que forman parte de una estrategia continua de inteligencia. La puesta a disposición de criminales ante cortes internacionales seguirá siendo una herramienta utilizada siempre que el análisis interno demuestre que beneficia la paz pública de México. La administración actual sostiene que la soberanía no se negocia, sino que se ejerce mediante decisiones estratégicas que fortalezcan el estado de derecho y la seguridad en todas las entidades del país.
¿Qué implica legalmente una «decisión soberana» en extradiciones?
El principio de «decisión soberana» mencionado por la presidenta Sheinbaum se sustenta en la Ley de Extradición Internacional. México tiene la facultad legal de negar una entrega si considera que el delito es político, si el reclamado ya fue juzgado por los mismos hechos en territorio nacional o si existen razones fundadas de que la persona podría ser sometida a tortura. Por lo tanto, el análisis del Consejo Nacional de Seguridad no es solo logístico, sino jurídico, asegurando que cada envío cumpla con la Constitución Mexicana antes que con los deseos de cualquier gobierno extranjero.
