
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República ha alcanzado un acuerdo crucial al definir la lista de los 10 semifinalistas para FGR (Fiscalía General de la República). Esta lista de aspirantes es el resultado de un proceso de evaluación que busca perfilar a los candidatos más idóneos para ocupar la titularidad de esta institución autónoma y vital para la justicia en México. El acuerdo de la Jucopo será el punto de partida para la siguiente etapa de selección.
El Proceso de Selección en el Senado

El listado de los 10 semifinalistas para FGR será sometido a votación en el Pleno del Senado de la República. Esta votación es un paso fundamental dentro del proceso constitucional que establece que el Senado debe enviar una terna de candidatos al Ejecutivo. La Jucopo, que reúne a los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, logró consensuar esta decena de nombres tras analizar trayectorias, experiencia y propuestas de los aspirantes.
Una vez que el Pleno del Senado ratifique el listado de 10 semifinalistas para FGR, se procederá a reducir la lista a solo tres nombres, conformando la terna definitiva. La transparencia y el rigor en esta fase son cruciales, ya que el próximo Fiscal General de la República tendrá a su cargo la procuración de justicia a nivel federal, impactando directamente la seguridad y el Estado de Derecho en el país.
La Decisión Final recae en la Presidenta Sheinbaum
El acuerdo alcanzado por el Senado tiene como destino final la Presidencia de la República. La terna, elegida de entre los 10 semifinalistas para FGR, será enviada directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum. A partir de ese momento, la facultad de nombrar al nuevo Fiscal recaerá en el Ejecutivo, quien elegirá a uno de los tres candidatos propuestos por la Cámara Alta.
La Presidenta Sheinbaum tendrá la responsabilidad de evaluar a los integrantes de la terna final para designar al titular de la FGR. El nombramiento del Fiscal es uno de los cargos de mayor peso en la administración pública, pues requiere de autonomía técnica y operativa para combatir la impunidad y la corrupción. La designación final deberá ser comunicada al Senado para su ratificación.








