La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la detención de Juan Diego “N”, quien hasta el pasado 30 de enero se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal en Tlaltenango, Zacatecas, por su presunta relación con el secuestro agravado, un delito considerado de alto impacto en la entidad.
De acuerdo con la información oficial, la captura del ex funcionario se realizó mediante un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales, aunque las autoridades evitaron proporcionar mayores detalles sobre la carpeta de investigación relacionada con el delito de secuestro agravado.
Juan Diego “N” había dejado recientemente el cargo, luego de que se anunciara un cambio en la estructura de seguridad municipal, situación que ahora cobra relevancia tras confirmarse su detención por secuestro agravado en Zacatecas.
Autoridades municipales fijan postura tras la detención
El presidente municipal de Tlaltenango, Francisco Delgado Miramontes, se pronunció públicamente sobre el caso y aseguró que será respetuoso del debido proceso, subrayando que nadie puede ser declarado culpable hasta que las instituciones determinen su responsabilidad en el secuestro agravado.
“Soy muy respetuoso con las instituciones y no puedo ahondar mucho en el tema; el tiempo y las autoridades dirán lo real”, expresó el edil al ser cuestionado sobre la detención de su ex colaborador vinculado al delito de secuestro agravado.
Delgado Miramontes explicó que el cambio en la Dirección de Seguridad Pública respondió a peticiones ciudadanas y evitó confirmar si tenía conocimiento previo de alguna denuncia relacionada con el secuestro agravado en Zacatecas.
Ayuntamiento rechaza vínculos con actividades ilícitas
Ante versiones que señalan una posible investigación al Ayuntamiento, el presidente municipal negó cualquier relación con hechos ilegales y afirmó que su administración mantiene “manos limpias” frente a las acusaciones derivadas del secuestro agravado.
Asimismo, exhortó a los integrantes de su gabinete a conducirse con honestidad y recordó que todos los funcionarios son empleados del pueblo, dejando abierta la posibilidad de separarlos del cargo si no cumplen con su responsabilidad, en medio del escándalo por el delito de secuestro agravado.
