2 de Diciembre del 2025.- La agrupación conocida como Asociados Náuticos Quintana Roo (ANQR) ha manifestado públicamente su firme rechazo ante las recientes declaraciones de la Dirección de Protección Civil de Benito Juárez. Las autoridades municipales expresaron su intención de implementar un nuevo reglamento para yates con el objetivo de controlar la seguridad en las embarcaciones de Cancún. Esta noticia ha generado inquietud en el sector, pues consideran que sumar más normativas locales a una industria que ya está altamente regulada no es la solución adecuada y podría generar complicaciones administrativas innecesarias para quienes operan de manera formal en este destino turístico.
En su comunicado oficial, los representantes del sector marítimo quisieron dejar muy claro que su oposición a esta propuesta no significa un descuido en la seguridad. Al contrario, reafirmaron que la protección de la vida de los pasajeros y de sus tripulaciones es y seguirá siendo su máxima prioridad operativa. Sin embargo, sostienen que la creación de un reglamento para yates a nivel municipal resulta redundante y excesivo, dado que la seguridad en el mar es un tema que ya se encuentra estricta y plenamente normado por las leyes federales que rigen en todo el país.
El argumento principal de los asociados se basa en la jerarquía legal que existe en México para las zonas marítimas. Explicaron que leyes como la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, así como la Ley de Puertos, otorgan facultades exclusivas a la Federación. Por lo tanto, intentar imponer un reglamento para yates desde una oficina municipal sería invadir las atribuciones que le corresponden únicamente a la Secretaría de Marina (SEMAR) y a las Capitanías de Puerto, quienes son los verdaderos especialistas y responsables de la seguridad de la vida humana en el mar.
Actualmente, el gremio asegura que todas las embarcaciones que prestan servicios turísticos de forma legal en Cancún ya cumplen con requisitos muy estrictos. Cuentan con certificados de seguridad vigentes y pasan por inspecciones periódicas obligatorias donde se revisa desde el casco hasta los motores. Por ello, insisten en que un nuevo reglamento para yates local solo traería duplicidad de funciones y confusión, ya que los empresarios tendrían que responder ante dos autoridades distintas por los mismos temas, lo que podría derivar en criterios contradictorios y falta de certeza jurídica.
Propuestas de coordinación
Para detallar el nivel de cumplimiento actual, la agrupación mencionó que las revisiones federales incluyen verificar la cantidad y estado de los chalecos salvavidas, los equipos de emergencia, la capacidad máxima de pasajeros y los protocolos de operación. Al existir ya este marco sólido de supervisión y control que se renueva año con año, la implementación de un reglamento para yates adicional por parte del municipio no aportaría un valor real a la seguridad, sino que burocratizaría aún más la actividad náutica, afectando la eficiencia de un sector clave para el turismo.
Aunque la ANQR reconoce y valora el trabajo de Protección Civil en la gestión de riesgos en tierra firme y dentro de su jurisdicción, piden respeto a las competencias de cada autoridad. Advierten que regular temas estrictamente marítimos mediante un reglamento para yates local podría abrir la puerta a la discrecionalidad en las sanciones. En lugar de nuevas leyes, proponen fortalecer la colaboración institucional, sugiriendo que el municipio trabaje de la mano con la Capitanía de Puerto y la APIQROO para mejorar la vigilancia, pero sin sobrepasar sus funciones legales.
Finalmente, los náuticos presentaron una serie de alternativas constructivas para mejorar la seguridad sin necesidad de legislar doblemente. Propusieron la creación de mesas técnicas de trabajo para revisar estadísticas y protocolos, así como el lanzamiento de campañas conjuntas de prevención dirigidas a turistas y locales. Asimismo, señalaron que el verdadero problema no es la falta de un reglamento para yates, sino la presencia de embarcaciones irregulares o «piratas», por lo que solicitaron enfocar los esfuerzos en la vigilancia y verificación de quienes operan fuera de la ley, pues ellos son quienes representan el riesgo real.
