Con el triunfo de candidatos afines al partido Morena en las recientes elecciones judiciales, el gobierno mexicano consolida su control sobre el Poder Judicial, sumando este a su dominio del Ejecutivo y el Legislativo.
El rediseño impulsado por el oficialismo, que sustituye el modelo de nombramientos por uno de elección popular, fue presentado como un ejercicio democrático para combatir la corrupción, pero sus críticos lo ven como una estrategia para eliminar el último contrapeso institucional. “Ahora va a tener a las personas juzgadoras”, advirtió la magistrada María Emilia Molina, quien forma parte de un grupo de jueces que impugnaron la reforma ante una comisión internacional de derechos humanos.
La victoria de Morena en los principales tribunales del país, incluido el Tribunal Electoral y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, ha generado preocupaciones sobre el uso político del Poder Judicial.
Este nuevo órgano tiene facultades para investigar e incluso destituir a jueces, lo que, según analistas, podría abrir la puerta a represalias contra quienes no se alineen con el partido en el poder.
Aunque su presidenta, Celia Maya, aseguró que su propósito es “combatir las prácticas corruptas”, las críticas se centran en la falta de garantías para la independencia judicial.
El proceso electoral que derivó en esta transformación institucional se vio empañado por una participación ciudadana históricamente baja. Sólo el 13% de los 100 millones de votantes acudió a las urnas, y muchos optaron por anular su boleta o dejarla en blanco.
Las razones de este desinterés incluyen la complejidad del proceso, un presupuesto limitado y la escasa información sobre el papel de los jueces, según el analista Ernesto Guerra. “Evidentemente, la ciudadanía no estaba interesada en este proceso”, declaró.
De acuerdo con The New York Times, estas elecciones judiciales representan uno de los rediseños institucionales más ambiciosos que haya emprendido una democracia contemporánea.
Su implementación fue posible gracias a la alta popularidad de Morena, la aplastante victoria de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial y la obtención de una mayoría constitucional en el Congreso.
Sin embargo, el viraje hacia un modelo electoral para jueces no tocó a instituciones clave del sistema, como las fiscalías y las fuerzas policiales, frecuentemente señaladas como foco de impunidad.
A pesar de que el oficialismo logró afianzar su poder, las tensiones internas dentro de Morena ya comienzan a manifestarse.
En varias entidades, los votantes ignoraron las recomendaciones del partido y eligieron a candidatos que, si bien no pertenecen a la oposición, tampoco siguen fielmente la línea morenista.
Para la experta Úrsula Indacochea, este fenómeno demuestra que la judicialización de la política puede volverse en contra de quienes la promovieron.
“Al politizar la justicia, los jueces actúan como políticos. Y los políticos se cambian de bando”, sentenció.
De un vistazo
Próxima oportunidad
La oposición no podrá disputar el dominio de Morena en el Poder Judicial sino hasta 2027, cuando se celebre la segunda fase de las elecciones judiciales.
Cargos en juego
Para entonces, también se renovarán 17 gubernaturas, 500 curules en la Cámara de Diputados y más de mil cargos legislativos y municipales en todo el país.
Es preocupante ver cómo el poder judicial se está alineando tanto con un solo partido. Esto puede hacer que la justicia no sea tan imparcial y que se tomen decisiones más políticas que legales. La independencia del poder judicial es clave para una democracia saludable.
Es preocupante ver cómo el poder judicial se está alineando tan claramente con un solo partido. La independencia de la justicia es fundamental para una democracia sana, y esto podría poner en riesgo esa imparcialidad.
Es preocupante que el poder judicial esté tan alineado con un partido político. Esto puede afectar la imparcialidad y la justicia en el país. La independencia del sistema judicial es fundamental para garantizar que se respeten los derechos de todos.