5 AGOSTO 2025- NACIONAL- El próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo una reunión clave en el Senado con Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, líderes del Congreso. El objetivo fue afinar los detalles logísticos y protocolares de la ceremonia de toma de protesta del nuevo Poder Judicial de la Federación, un acto que marcará un antes y un después en la historia del país, ya que los actuales integrantes fueron elegidos por voto ciudadano.
Esta transición no solo implica un relevo de figuras judiciales, sino también una transformación simbólica en la forma en que se percibe y opera el sistema de justicia. Aguilar Ortiz destacó que la Corte comenzará a trabajar desde el primer día, con el objetivo de atender el rezago de expedientes acumulados y poner en marcha un modelo más ágil, transparente y cercano al pueblo. “Nos estamos preparando para que desde que entremos comencemos a tomar decisiones”, afirmó.
La toma de protesta se llevará a cabo el 1° de septiembre en la sede del Senado, y será seguida por una segunda ceremonia en la Suprema Corte, donde se instalará el Pleno y se ratificará a Hugo Aguilar como presidente del máximo tribunal. El evento contará con la presencia de los tres Poderes de la Unión, en lo que se ha definido como “un acto republicano” que subraya el carácter democrático de esta renovación institucional.
Uno de los cambios más esperados y comentados es la posible eliminación del uso de la toga judicial, una prenda simbólica que ha estado presente por más de ochenta años. Aunque Aguilar había expresado anteriormente su intención de prescindir de ella como señal de cercanía y renovación, en esta ocasión se mostró más reservado, asegurando que pronto se dará a conocer la decisión final. El tema no es menor: representa el pulso entre modernización y tradición dentro de la SCJN.
La elección de Aguilar Ortiz no ha pasado desapercibida, considerando su experiencia en derecho constitucional y su pasado como defensor de comunidades indígenas. Este perfil podría influir en una mayor apertura a reformas que promuevan justicia con enfoque social, algo que sectores progresistas han aplaudido pero que genera resistencias dentro de grupos conservadores del aparato judicial.
Más allá de lo ceremonial, este cambio genera interrogantes sobre la verdadera independencia del Poder Judicial bajo una nueva administración con fuerte respaldo del Ejecutivo. Aunque se resalta el carácter democrático de la elección popular, analistas advierten que la eficacia del nuevo modelo dependerá de si los nuevos ministros logran mantener autonomía frente al poder político. Este periodo de arranque será clave para evaluar si se avanza hacia una verdadera justicia para todos.
