La polémica sobre los avalúos elevados por el SATQ no es solo un argumento sobre desigualdad: tiene consecuencias reales en la vida de los propietarios de inmuebles en Quintana Roo. Un reciente aviso oficial publicado por la institución reconoce que “el valor catastral puede divergirse del valor comercial” e invita a los propietarios a presentar documentación que justifique un ajuste, reconociendo implícitamente las quejas ciudadanas que circulan en redes y medios locales. (satq.qroo.gob.mx)
En el aviso, el SATQ instruye a los ciudadanos a acudir a las oficinas de Avalúos para acceder a descuentos y ajustes que reflejen las condiciones reales del inmueble. Los documentos requeridos incluyen dictámenes técnicos, fotografías, constancia de antigüedad y evidencia de deterioro. Esta medida parece responder a las denuncias que medios como Ola Noticias documentaron, donde se señalaban “trampas burocráticas y avalúos inflados con fines recaudatorios”, que afectaron a cientos de propietarios. (olanoticias.com)
El contexto del conflicto se remonta a la reforma que obliga a los peritos valuadores a reportar al SATQ. Desde entonces, muchos inmuebles fueron tasados por encima de su valor de mercado, generando recaudación estatal y descontento ciudadano. Con el aviso reciente, el SATQ busca legitimar su actuación, pero surge la pregunta: ¿es suficiente un “ajuste voluntario” cuando ya se han denunciado mecanismos sistemáticos de inflado y posibles actos de corrupción dentro de la institución?
Los afectados relatan que al no coincidir sus avalúos con las tablas oficiales, quedaron atrapados en deudas y sin poder vender sus propiedades. Ahora, la autoridad reconoce que los valores deben considerar condiciones reales del inmueble: antigüedad, estado físico y uso. Esto era una demanda recurrente de los ciudadanos, quienes desde hace tiempo exigían mayor transparencia y equidad en las tasaciones para no ser afectados económicamente.
Analistas señalan que el aviso podría abrir la puerta a revisiones judiciales de avalúos previos, y servir como precedente legal en casos de abusos recaudatorios. Sin embargo, advierten que mientras no exista un mecanismo claro para sancionar a los responsables de inflar valores, la medida corre el riesgo de quedarse en un simple ajuste administrativo, sin garantizar justicia plena para los propietarios afectados. (olanoticias.com)
En conclusión, lo que comenzó como un conflicto administrativo se ha convertido en un foco de tensión social y legal en Quintana Roo. Con este aviso, el SATQ intenta responder a la presión mediática y ciudadana, pero los propietarios exigen más: revisiones completas, mecanismos de reclamo accesibles y transparencia en los procesos. El desenlace de esta situación determinará si se trata de un verdadero cambio o solo un paliativo temporal frente a años de denuncias de irregularidades.
