MÉRIDA.- El mar mexicano, territorio estratégico de la seguridad energética nacional, se ha convertido en un escenario de riesgo silencioso.
Entre 2019 y febrero de 2025, al menos 178 denuncias por delitos cometidos en plataformas marinas y embarcaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) han sido registradas oficialmente, con un quebranto económico superior a los 218 millones de pesos.
Así lo confirman datos internos de la paraestatal obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información hecha por Diario de Yucatán.
Los datos revelan una radiografía preocupante: la empresa más importante del país no tiene registros sistematizados de ataques en altamar, no cuenta con un reporte consolidado sobre personas lesionadas o fallecidas, y no proporcionó evidencia documental de estrategias visibles de prevención y reacción, pese a que los incidentes van desde robos, amenazas, incendios, hasta agresiones y casos de acoso sexual.
La respuesta institucional ha sido fragmentada y contradictoria.
La paradoja del silencio
Mientras la Dirección Jurídica de Pemex documenta con precisión fechas, localidades, número de denuncias y montos del quebranto por año, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica aseguró no contar con información específica sobre ataques o incidentes de seguridad en altamar.
De manera insólita, remitió la solicitud al área de Exploración y Producción, que tampoco respondió con datos operativos.
Sin embargo, sí se entregó un anexo estadístico en el que se enumeran al menos 20 tipos de eventos críticos ocurridos en plataformas marítimas durante el periodo en cuestión:
86 robos o intentos de robo, 25 fugas de producto, más de 15 incendios, 10 agresiones físicas, tres casos de acoso sexual, un caso de violación, lesiones, amenazas, bloqueos e incluso daños a propiedad, sin que se precise la instalación exacta ni la respuesta de seguridad posterior.
El análisis de los eventos confirma que el robo es el incidente más recurrente, representando casi la mitad de todos los casos reportados (considerando tanto denuncias judicializadas como reportes internos de seguridad).
A los robos se suman accidentes de operación que provocaron fugas de hidrocarburos en más de una veintena de ocasiones, así como incendios que, aunque controlados, evidencian vulnerabilidad estructural en altamar.
Las agresiones físicas, amenazas directas y hasta hechos de violencia sexual forman parte de un catálogo de riesgos que excede el problema material de las pérdidas económicas.
Zonas más golpeadas
El informe de la Dirección Jurídica indica que, aunque hubo reportes aislados en localidades como: Villahermosa (Tabasco), Paraíso (Tabasco), Atasta (Campeche), Isla del Carmen (Campeche), Pánuco (Veracruz) y Tuxpan (Veracruz).
Las denuncias por robo se concentraron abrumadoramente en Dos Bocas (Tabasco) y Ciudad del Carmen (Campeche), con montos que en algunos meses superan los 50 millones de pesos.
En junio de 2019, por ejemplo, Dos Bocas registró un solo evento con un quebranto de más de 71 millones de pesos, mientras que en octubre del mismo año, otros hechos sumaron 52 millones adicionales.
Ciudad del Carmen, por su parte, concentra más de 100 denuncias en el periodo analizado, incluyendo casos recientes: en 2024 se registraron 36 denuncias, con pérdidas que, aunque menores a las de años anteriores, siguen siendo significativas, con casi 4 millones de pesos en total.
A partir de 2022, Ciudad del Carmen superó en número de incidentes a Dos Bocas, aunque el valor de lo robado disminuyó considerablemente.
En 2023, la misma localidad reportó 10 incidentes frente a sólo 2 en Dos Bocas, consolidando a Campeche como el nuevo epicentro de los ataques, aunque con quebrantos mucho menores.
Detenciones en la sombra
La pregunta que flota es inevitable: ¿cuántas personas han sido detenidas por estos delitos?–
Sin embargo, la respuesta de Pemex es elusiva. La Subdirección de Salvaguardia Estratégica declaró incompetencia para responder sobre detenciones relacionadas con los hechos. No se tiene constancia de operativos, detenciones, ni sentencias.
Esta laguna en la rendición de cuentas resulta alarmante si se considera que muchos de los eventos reportados —como fugas de producto o incendios— no sólo implican pérdidas económicas, sino también riesgos directos a la vida de trabajadores y al medio ambiente.
Pemex admitió que la información más detallada sobre incidentes se encuentra bajo control del área de Exploración y Producción, a través de un sistema interno llamado RECIO (Rastreo de Eventos y Condiciones Inseguras Operativas), del cual no se proporcionó información pública.
Gravedad de ilícitos
Con 178 denuncias judicializadas en seis años, el promedio es de un incidente cada 12 días hábiles.
Pero el anexo operativo muestra que la cifra real de eventos de seguridad supera ampliamente ese número, incluyendo anomalías técnicas, amenazas, daños materiales, incendios, lesiones y episodios de acoso laboral o sexual, cuya magnitud no se tradujo en denuncias penales formales.
Además, no todos los incidentes derivaron en pérdidas económicas.
A partir de 2022 se detectó un incremento de robos frustrados o intentos de intrusión que no lograron consumarse.
Muchos de los ataques en 2023 y 2024 fueron repelidos o resultaron en daños mínimos, reflejando una mejora parcial en las medidas de disuasión.
Sin embargo, el desplazamiento geográfico de los incidentes hacia Ciudad del Carmen y el aumento de hechos violentos internos, como agresiones y acoso, muestran que la seguridad sigue comprometida.
Empresa sin blindaje
La solicitud original hecha por Diario de Yucatán pedía, además, acceso a planes o estrategias vigentes para prevenir y responder ante ataques en altamar. La respuesta fue contundente por omisión: Pemex no entregó ningún documento al respecto.
Tampoco proporcionó enlaces o rutas dentro de sus portales institucionales que demuestren el cumplimiento del principio de máxima publicidad en materia de seguridad nacional.
Esto viola directamente el artículo 70 de la Ley General de Transparencia, que obliga a los sujetos obligados a hacer pública la información relacionada con emergencias y protección de infraestructura crítica.
Además, el hecho de que una plataforma como RECIO —que rastrea condiciones inseguras— no sea transparente ni accesible al público impide cualquier forma de rendición de cuentas.
La falta de coordinación entre áreas internas de Pemex también quedó evidenciada: Salvaguardia Estratégica se deslindó de tener registros directos, mientras Jurídico reportó solo denuncias ya judicializadas, dejando vacíos críticos en la documentación de los eventos.
Catálogo de delitos
El desglose de los datos entregados da cuenta de un entorno operativo sumamente vulnerable.
Además de los 86 reportes de robo e intento de robo, se documentaron 28 accidentes de operación, 25 fugas de producto, 14 incendios, 14 eventos con daños a propiedad, 13 casos de lesiones y 8 agresiones físicas.
También se registraron 8 amenazas directas, 3 incidentes de acoso sexual y un caso de violación reportado en plataformas petroleras.
Además, en 2024 surgieron incidentes de naturaleza distinta: un reporte de soborno y un bloqueo en instalaciones marinas.
Estos nuevos registros amplían el espectro de riesgos no sólo a la seguridad física, sino también a la integridad institucional de Pemex.
Cada tipo de incidente revela una faceta distinta de la exposición: pérdidas económicas, daño ambiental potencial, agresiones dentro de las plataformas y corrupción interna.
Costo acumulado
La suma de las pérdidas por año muestra una línea de tiempo preocupante.
En 2019, los daños alcanzaron los 138 millones de pesos; en 2020 bajaron a 61 millones; en 2021 fueron casi 30 millones; en 2022 sumaron poco más de 20 millones, y en 2023 descendieron a apenas 5 millones.
En 2024 se reportaron cerca de 4 millones más y, en lo que va de 2025, un único incidente ya suma más de medio millón de pesos.
Aunque los montos de pérdidas disminuyeron con el paso de los años, el número de eventos registrados aumentó, como se vio en 2024 con 43 casos, lo que sugiere una mayor frecuencia de incidentes aunque con un botín más reducido.
La “normalización” del riesgo en las plataformas parece haberse instalado.
Seguridad en riesgo
Aunque el quebranto financiero total asciende a 218 millones 910 mil pesos, lo más grave es lo que no se sabe: ¿cuántos trabajadores fueron afectados? ¿Cuántos resultaron heridos o expuestos a riesgos extremos? ¿Qué pasa con la seguridad de las familias que dependen de esos empleos en altamar?
Aunque la solicitud exigía expresamente los protocolos activados tras los incidentes, refuerzos de vigilancia y reformas internas en prácticas de seguridad, Pemex no entregó ningún documento al respecto.
Tampoco proporcionó evidencia pública de análisis de patrones delictivos o mapas de riesgo que permitan prever y reducir futuros ataques.
Silencio institucional
Pemex enfrenta una realidad cruda: su infraestructura en altamar está bajo ataque constante, y su respuesta ha sido la dispersión administrativa, la opacidad informativa y la ausencia de acciones documentadas.
Los datos hablan por sí solos: las plataformas del Golfo de México están siendo saqueadas, mientras la empresa más grande del país no presenta ni una sola estrategia pública de respuesta.
En un contexto de violencia creciente y vulnerabilidad energética global, la falta de transparencia en materia de seguridad marítima no es una omisión técnica: es un riesgo estructural que afecta a toda la nación.— Miguel Ángel Sosa Román
Es preocupante ver cómo el mar, que debería ser un lugar seguro para la industria, se ha vuelto un foco de delincuencia. Los números son alarmantes y muestran que algo no está funcionando bien en la protección de nuestras plataformas. Es hora de que se tomen medidas serias para frenar estos ataques y proteger lo que es de todos.