13 FEBRERO 2026-NACIONAL- La inhabilitación de un juez federal por un periodo de un año fue determinada por la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial, luego de acreditarse faltas graves que afectaron la administración de justicia en un caso relacionado con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. De acuerdo con la resolución, el juzgador emitió decisiones que favorecieron al político y evitaron su detención, lo que derivó en un procedimiento formal de responsabilidad.
El organismo explicó que la queja fue presentada en abril de 2024 por un diputado federal, quien denunció actos y omisiones que impactaron directamente el funcionamiento del sistema judicial. Tras el análisis integral del expediente, la autoridad concluyó que las conductas observadas no correspondían a un hecho aislado, sino a una actuación reiterada que comprometió la legalidad de diversas resoluciones.
Autoridades judiciales señalaron que la sanción responde a la necesidad de garantizar que quienes imparten justicia actúen con apego estricto a la ley y a los procedimientos establecidos. La medida busca evitar resoluciones que puedan interpretarse como privilegios indebidos o desviaciones legales dentro del ejercicio de la función jurisdiccional.
El presidente de la Comisión de Disciplina precisó que no se castigó el criterio jurídico del juzgador, sino la emisión de resoluciones contrarias al texto legal y la omisión de elementos esenciales dentro de los expedientes. La sanción impide que el funcionario desempeñe empleos, cargos o comisiones en el servicio público, además de participar en contratos gubernamentales durante el tiempo establecido.
El procedimiento reveló que el juez concedió suspensiones en juicios de amparo sin verificar requisitos básicos, como la residencia del solicitante en un municipio del norte del país. Asimismo, desacató jurisprudencia de la Suprema Corte al otorgar medidas que evitaron la separación de un fiscal anticorrupción de su cargo y frenaron procedimientos administrativos en su contra, lo que fortaleció la determinación de aplicar la sanción.
En otro juicio, también concedió protección contra una orden de aprehensión y evitó la suspensión de derechos político-electorales del mismo quejoso, además de impedir que fuera considerado prófugo de la justicia.
