20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 – LOCAL. Un total de 23 policías municipales de Benito Juárez (Cancún) han sido objeto de sanciones administrativas tras ser sorprendidos manipulando, ocultando o simplemente no activando sus cámaras corporales (bodycams) durante sus labores. La noticia fue confirmada por el titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, Jaime Padilla Bravo. Estas acciones por parte de los policías representan una seria grieta en el compromiso de la corporación con la transparencia, una herramienta crucial destinada a registrar cada interacción con la ciudadanía y garantizar el debido proceso.
Las irregularidades fueron identificadas gracias a las inspecciones diarias y rigurosas que realizan los directores de área de la Secretaría. Como resultado directo de estas detecciones, los 23 policías involucrados fueron sujetos a arrestos administrativos, una medida disciplinaria interna. Es importante destacar que la corporación cuenta actualmente con 725 cámaras corporales, las cuales están distribuidas entre todo el personal operativo, incluyendo mandos y directivos, quienes tienen la obligación estricta de portarlas y mantenerlas activas durante todos sus recorridos, operativos y cualquier contacto con el público.
La Resistencia al Control: El Problema de las Bodycams
El objetivo fundamental detrás del uso de estas bodycams es garantizar la transparencia total, la trazabilidad de los eventos y la supervisión puntual de cómo actúan los policías. Este sistema busca ser un escudo de protección tanto para los ciudadanos como para los propios agentes en caso de controversias. No obstante, las recientes sanciones impuestas evidencian una falla persistente y preocupante en el cumplimiento de esta normativa interna. Esta resistencia a ser grabados pone en tela de juicio la voluntad de algunos policías para someterse a la rendición de cuentas.
El titular Padilla Bravo aclaró que las faltas por manipulación de las cámaras son, hasta el momento, de «carácter administrativo». Sin embargo, el funcionario lanzó una clara advertencia: la reincidencia en estas o cualquier otra conducta grave podría tener consecuencias mucho más serias. En tales casos, los policías serían turnados al Consejo de Honor y Justicia, el órgano responsable de analizar y sancionar formalmente casos de abuso policial, corrupción o cualquier comportamiento que sea incompatible con la función pública que deben desempeñar.
Un Historial de Irregularidades: 58 Policías Sancionados en 2025
Las 23 sanciones relacionadas con las cámaras corporales se suman a un historial de faltas mucho más amplio dentro de la Secretaría. En lo que va del año 2025, la cifra de policías municipales sancionados por diversas irregularidades asciende ya a 58. El catálogo de faltas es extenso e incluye acciones graves como el abandono de servicio, el uso indebido de patrullas o equipamiento oficial, retenciones injustificadas de ciudadanos, maltrato directo, alteración de reportes, inasistencias reiteradas, fallas en los protocolos de intervención y daños a unidades oficiales.
El panorama se agrava con el dato de que, del total de policías sancionados, 17 agentes han sido dados de baja definitiva de la corporación en el transcurso de este año. Las causas de estas bajas son severas: violaciones graves a los reglamentos internos, no aprobar los estrictos controles de confianza que exige la ley, o reincidir de manera constante en conductas que comprometen seriamente la operación y la imagen de la fuerza policial.
El Requisito Legal de Bodycams
La sanción a los policías por las cámaras corporales subraya una información complementaria clave: el uso de las bodycams no es una opción, sino una obligación legal y operativa estipulada en los reglamentos internos de la policía municipal y en las directrices nacionales de seguridad. Este requisito legal busca reducir las arbitrariedades y proporcionar evidencia irrefutable en procedimientos judiciales, siendo un pilar del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Cuando un policía manipula la cámara, no solo comete una falta administrativa, sino que obstaculiza la justicia y potencialmente incurre en encubrimiento, lo que es una falta grave que merece ser escalada al Consejo de Honor y Justicia para una investigación a fondo, no solo un arresto administrativo.
El abogado penalista Oswaldo Aké advirtió que estas cifras revelan un problema más profundo que va más allá de un simple policía indisciplinado. «El uso de bodycams, que debería ser un mecanismo para fortalecer la confianza ciudadana, revela en cambio la resistencia de algunos elementos a ser supervisados, así como deficiencias estructurales en la disciplina interna», argumentó el especialista. La corporación asegura que continuará reforzando la supervisión, aunque las estadísticas muestran que aún queda un largo y difícil camino para recuperar plenamente la confianza ciudadana y garantizar un desempeño policía transparente.
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