MIAMI.— La segunda administración del presidente Donald Trump arrancó esta semana en Chicago, Illinois, su nueva guerra contra el movimiento “santuario” en Estados Unidos, nacido en la década de 1980 para proteger a refugiados centroamericanos y que actualmente cobija a migrantes en general en 10 estados y decenas de jurisdicciones locales.
Chicago, que tiene una de las protecciones de migrantes más sólidas dentro del movimiento, y el estado de Illinois afrontan desde anteayer la primera demanda judicial del gobierno de Donald Trump, que ordenó la retención de recursos federales a las administraciones que impulsan estas políticas.
Las ciudades, condados y estados santuarios son jurisdicciones que limitan en ciertos casos, en detenciones y deportaciones, su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y otras autoridades federales de inmigración.
La demanda busca apoyo de la corte para bloquear también los santuarios ofrecidos por otros estados, condados y urbes como Los Ángeles, Nueva York, Houston o Atlanta, que también tienen una alta presencia de migrantes indocumentados.
Para Fred Tsao, de la Coalición de Illinois para la defensa de Inmigrantes y Refugiados, la ciudad y el estado de Illinois afrontan “ataques legales reciclados y sin fundamento por parte de la administración Trump”.
Según señaló, son sólidas y constitucionales las políticas “de no participar en asuntos de inmigración civil”.
¿Por qué hay ciudades santuario?
El movimiento santuario surgió cuando el gobierno federal denegó el asilo a migrantes de países centroamericanos políticamente inestables, y varias iglesias del suroeste del país se declararon públicamente santuario para los refugiados en 1982.
Chicago lo es desde que en 1985 cuando el entonces alcalde Harold Washington firmó una orden ejecutiva, pero se fortaleció después de que Trump asumió por primera vez en 2017.
La principal ciudad de Illinois prohíbe la cooperación entre la policía de la ciudad y los agentes de inmigración, mientras que el condado de Cook, donde se asienta, dejó de colaborar en 2011 con las peticiones de ICE de prolongar la detención de indocumentados en las cárceles sin una orden judicial.
El Departamento de Justicia (DOJ) alega en su demanda que las leyes que rigen en Chicago deben ser declaradas inconstitucionales, porque obstaculizan la aplicación de las leyes de inmigración.
Y pide a un juez federal que prohíba al alguacil del condado de Cook de Illinois, a Chicago y otras ciudades del estado, utilizar las leyes locales que protegen a los inmigrantes y obstaculizan la aplicación de la ley federal.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, pidió al DOJ que suspenda la entrega de fondos a las ciudades santuario, hasta que se complete una revisión.
Esta medida ya fue intentada por la primera administración Trump (2017-2021), pero fue derrotada en los tribunales en 2020.
El panorama se complican ahora porque el presidente cuenta con un poder judicial afín, inclusive en el Tribunal Supremo.
“El presidente cree que esta vez le irá mejor, al contar con jueces afines que no harían lugar a los recursos presentados contra sus decretos”, se lamentó Tsao.
