CANCÚN.- Doce mujeres víctimas de trata y prostitución fueron rescatadas durante un operativo policial en la Supermanzana 228 de Cancún.
Personal de la Fiscalía del Estado realizó la diligencia como parte de una orden de cateo autorizada por un Juez de Control.
Lo anterior tras una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Trata de Personas.
Así era el modus operandi de trata de personas en Cancún
Agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la mencionada fiscalía especializada, llevaron a cabo el cateo.
El operativo se realizó en un bar que funcionaba como fachada para actividades ilícitas como explotación sexual, consiguiendo a sus víctimas bajo el argumento de contratarlas como meseras o ficheras.
De acuerdo con las autoridades, los encargados del bar cobraban 350 pesos por cada copa que servían las trabajadoras; el negocio se quedaba con la mitad de la cuenta.
Los clientes eran persuadidos para pagar hasta mil 500 pesos y una botella entera de alcohol para tener relaciones sexuales con las mujeres; ellas recibían solo 500 pesos por el acto.
• En la diligencia participaron elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Trata de Personas#CeroImpunidadCancún #JusticiaParaTodos pic.twitter.com/YhkLZYbx6z
— Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) June 14, 2025
Las investigaciones iniciales apuntan a que los responsables de dicha red de trata se aprovechaban de la vulnerabilidad económica de las mujeres, ya que en su mayoría eran madres solteras sin estudios.
Dicha situación las hizo propensas a aceptar condiciones de trabajo abusivas para enfrentar la falta de otras oportunidades de ingreso.
El bar fue cerrado y se colocaron sellos oficiales de aseguramiento en el establecimiento.
Las víctimas rescatadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde recibieron atención y seguimiento institucional para iniciar los trámites correspondientes, así como posibles medidas de protección.
Por su parte, las autoridades continúan con el proceso penal para fincar responsabilidades contra quienes resulten implicados en estos actos de explotación.
