14-Octubre-20925.-.El reciente arresto de un adolescente de 14 años, conocido como El Niño Sicario, junto con un hombre identificado como El Chucho, ha vuelto a encender las alarmas sobre el reclutamiento de menores en Tabasco. Ambos fueron detenidos durante un operativo encabezado por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, que logró asegurar armas largas, cartuchos, drogas y cartulinas con mensajes amenazantes. Las autoridades confirmaron que enfrentarán cargos por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con reportes extraoficiales, el menor —identificado como Dered Yair “N”— está relacionado con delitos graves como secuestro, desaparición de personas, venta de drogas y ataques violentos. También se le vincula con un intento de incendio a una vivienda cuyos dueños se negaron a pagar “derecho de piso”. Durante su captura, intentó accionar una subametralladora Uzi calibre 9 mm, pero el arma se atascó, lo que permitió su detención sin enfrentamiento directo. Este hecho demuestra el nivel de adiestramiento y la temeridad que el crimen inculca en los adolescentes reclutados.
En su teléfono celular fueron hallados videos que él mismo grabó, donde aparece una mujer presuntamente secuestrada bajo su resguardo. Estos materiales no solo sirven como evidencia judicial, sino que reflejan la normalización de la violencia entre jóvenes que, a tan corta edad, ya participan en delitos de alto impacto. La manera en que los grupos criminales los utilizan como “instrumentos desechables” plantea un serio cuestionamiento sobre las políticas de prevención y justicia juvenil en México.
El caso de El Niño Sicario no es un hecho aislado. Expertos señalan que el reclutamiento de adolescentes por el crimen organizado ha ido en aumento debido a vacíos legales y a la falta de oportunidades educativas y laborales. En muchos casos, los menores son captados mediante promesas de dinero fácil, protección o reconocimiento dentro de la estructura delictiva. En Tabasco, la marginación social y la descomposición familiar son factores que facilitan el reclutamiento en comunidades vulnerables.
Las autoridades judiciales reconocen que las leyes actuales presentan limitaciones para castigar a los adultos que promueven la participación de menores en actividades criminales. Mientras tanto, los jóvenes detenidos quedan a merced de un sistema de justicia que los considera víctimas y victimarios al mismo tiempo, sin ofrecerles un verdadero proceso de reinserción social.
La problemática del reclutamiento infantil en el crimen organizado no puede enfrentarse únicamente con detenciones. Se requiere una estrategia integral que incluya educación, programas comunitarios y atención psicológica temprana. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), México ocupa uno de los primeros lugares en América Latina en uso de menores por grupos criminales, lo que demuestra una falla estructural del Estado en la protección de la niñez.
En Tabasco, organizaciones civiles han propuesto crear centros de intervención temprana en zonas de alto riesgo, donde jóvenes en situación de vulnerabilidad reciban atención educativa y terapéutica antes de ser cooptados. Sin embargo, la falta de presupuesto y voluntad política ha frenado su implementación.
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