26 DE FEBRERO DEL 2026 – LOCAL. La Fiscalía General del Estado ha dado un paso firme para enfrentar la extorsión, uno de los delitos que más preocupa a la sociedad en Quintana Roo. Recientemente, un total de 181 servidores públicos concluyeron un curso especializado diseñado para mejorar la manera en que se investiga y se castiga este problema. Entre los participantes se encuentran policías de investigación, peritos y fiscales, quienes ahora cuentan con mejores herramientas para proteger a las familias y a los negocios que se ven amenazados por la delincuencia organizada.
El fiscal general, Raciel López Salazar, fue muy claro al señalar que este tipo de delito de extorsión afecta gravemente a sectores clave como los restaurantes, la industria de la construcción y a los empresarios locales. La intención de esta capacitación es que el personal de la fiscalía sepa actuar con rapidez y eficacia para que las víctimas recuperen la tranquilidad. Además, se hizo un llamado importante a la población para que confíen en las instituciones y denuncien, ya que la participación ciudadana es la pieza que falta para terminar con la impunidad.
Expertos nacionales fortalecen la investigación
Durante tres días de trabajo intenso, especialistas de gran trayectoria compartieron sus conocimientos para mejorar la respuesta ante cualquier caso de extorsión. En el curso participaron figuras como Rommel Moreno Manjarrez y Leticia Aguiar, de la Fundación México S.O.S., así como representantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esta colaboración entre el gobierno y la academia permite que los agentes de Quintana Roo utilicen tácticas modernas y marcos legales sólidos para llevar a los responsables ante la justicia sin errores en el proceso.
El objetivo central es que la extorsión telefónica o presencial sea combatida desde la raíz, garantizando que los expedientes que se presentan ante los jueces sean difíciles de tirar. Al recibir sus constancias, los servidores públicos reafirmaron su compromiso de aplicar todo lo aprendido en las calles y en las oficinas de atención. Con estas alianzas, el estado busca colocarse a la vanguardia nacional, demostrando que existe una estrategia real y multidisciplinaria para frenar a quienes intentan quitarle el dinero honesto a los trabajadores.
Resultados contundentes y penas severas
La lucha contra la extorsión criminal ya está dando frutos visibles según los últimos reportes de las autoridades estatales. Hasta el momento, se ha logrado la detención de 291 personas dedicadas a este ilícito, de las cuales el 92% ya han sido vinculadas a proceso legal. Estos números reflejan que el trabajo de inteligencia está funcionando y que los delincuentes ya no encuentran el camino libre para operar en la entidad, gracias a la vigilancia constante y a la mejora en las leyes locales.
Es importante resaltar que los jueces han dictado 24 sentencias condenatorias contra responsables de cometer extorsión en el estado, con penas que llegan hasta los 37 años de prisión. Este castigo ejemplar sirve como una advertencia clara para cualquiera que intente amedrentar a los comerciantes o ciudadanos. Con una estructura institucional más fuerte y un personal mejor preparado, Quintana Roo se consolida como un ejemplo de cómo se debe aplicar la ley para proteger el patrimonio y la integridad de toda su comunidad.
