
16-Julio-2025.-Con el objetivo de garantizar una reinserción social efectiva para las personas privadas de la libertad, el gobierno de Quintana Roo se sumó al esfuerzo nacional de fomento laboral penitenciario, instalando un subcomité especializado en este tema. La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario y de Justicia Penal para Adolescentes, y destacó que se trata de saldar una deuda histórica con este sector vulnerable de la población.
Durante el evento, celebrado en la Universidad Tecnológica de Cancún, la mandataria tomó protesta a las y los integrantes del nuevo subcomité, conformado por dependencias estatales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) federal y representantes de la sociedad civil. El objetivo principal será diseñar estrategias de capacitación técnica, certificación laboral, vinculación con empleadores y apoyo al emprendimiento de quienes están próximos a reinsertarse en la sociedad.
Mara Lezama subrayó que su administración está comprometida con una política humanista y con enfoque feminista. En este sentido, destacó los resultados del programa “Mujer Reintégrate”, que ya ha beneficiado a 35 mujeres en proceso de reintegración. Este programa ofrece no solo capacitación técnica, sino también acompañamiento emocional, que resulta esencial para reducir la reincidencia y fomentar una verdadera segunda oportunidad.
Por parte del Gobierno de Quintana Roo, participaron representantes de áreas clave como la Secretaría del Trabajo (STyPS), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), la Secretaría del Bienestar (SEBIEN), la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), el Sistema DIF, el ICATQROO y el Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ). La colaboración interinstitucional será clave para articular esfuerzos y generar un impacto duradero.

Aunque iniciativas como esta marcan un paso importante hacia la inclusión, expertos en justicia restaurativa advierten que los programas de reinserción deben ser evaluados con indicadores claros de éxito, como la empleabilidad a mediano plazo y la disminución de reincidencia delictiva. Además, organizaciones civiles han señalado la importancia de incluir a las víctimas en el proceso de justicia restaurativa, como parte de una reparación del daño más integral.