16 de Julio del 2025.- Con el objetivo de fortalecer el proceso de reinserción social y promover el acceso al trabajo penitenciario digno, el estado de Quintana Roo se sumó al esfuerzo nacional mediante la instalación del Subcomité de Fomento Laboral Penitenciario. Esta acción fue encabezada por la gobernadora y respaldada por autoridades federales y estatales, así como representantes de la sociedad civil.
Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario y de Justicia Penal para Adolescentes, celebrada en Cancún, se tomó protesta a los integrantes del nuevo subcomité. La intención es desarrollar estrategias que generen capacitación técnica, certificaciones laborales y vínculos efectivos con empleadores, buscando que quienes han estado en prisión tengan una oportunidad real para reconstruir su vida.
Uno de los pilares que se destacaron fue el programa “Mujer Reintégrate”, que ya ha beneficiado a 35 mujeres. Esta iniciativa ofrece capacitación, acompañamiento emocional y asesoría para emprender una vida libre de violencia y con independencia económica. El programa es parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, el cual busca una justicia más humana y con enfoque social.
Sin embargo, aunque la creación de este subcomité representa un paso importante, queda pendiente un seguimiento real y constante de los resultados. La mayoría de las personas liberadas enfrenta discriminación laboral y falta de oportunidades, especialmente si no hay empresas comprometidas con la inclusión. Por ello, será clave que el gobierno, en colaboración con el sector privado, convierta estas estrategias en oportunidades tangibles.
La inclusión de incentivos fiscales para las empresas que contraten personas liberadas. Además, establecer alianzas con organizaciones sociales y universidades permitiría extender el impacto de los programas de formación, incluyendo áreas como tecnología, idiomas o servicios comunitarios, más allá de los oficios tradicionales.
Este esfuerzo no solo debe centrarse en las cárceles, sino también en el entorno que espera a estas personas una vez que recobran su libertad. Sin acceso a vivienda, salud mental, redes de apoyo o empleos estables, el riesgo de reincidencia se mantiene alto. Por eso, estas políticas públicas deben ir acompañadas de un cambio cultural y una mayor conciencia sobre el derecho a una segunda oportunidad.
