La inseguridad y la corrupción mantienen al estado en los niveles más bajos del país
CANCÚN, Q. Roo, 10 de noviembre de 2025.— De acuerdo con el más reciente informe del Índice de Estado de Derecho 2023-2024, el estado de Quintana Roo se colocó en el último lugar a nivel nacional, revelando una preocupante situación en temas como seguridad, justicia penal, justicia civil y combate a la corrupción. El estudio, realizado por el World Justice Project (WJP) y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), refleja que la confianza ciudadana en las instituciones sigue siendo baja y que la efectividad de las investigaciones continúa estancada.
El reporte indica que Quintana Roo obtuvo un promedio de 0.36 puntos, mientras que las entidades mejor calificadas, como Querétaro (0.49) y Guanajuato (0.47), muestran avances significativos en el cumplimiento de la ley y en la protección de los derechos ciudadanos. Los indicadores más débiles para el estado fueron la percepción de seguridad, la ausencia de corrupción y la eficiencia judicial, factores que impactan directamente en la calidad de vida de los quintanarroenses.
Débil procuración de justicia y altos índices de impunidad
Según el documento, los funcionarios encargados de la seguridad y procuración de justicia fueron los peor evaluados, lo que coincide con la llamada “cifra negra” de delitos no denunciados o no investigados. Este fenómeno genera un ciclo de impunidad que dificulta el acceso a la justicia y debilita la confianza ciudadana en las autoridades. En los últimos años, el estado ha registrado un incremento en la percepción de inseguridad y en los niveles de violencia vinculados a la delincuencia organizada.
Pese a los resultados negativos, el informe reconoce pequeños avances en materia de derechos laborales y en la percepción de seguridad dentro de algunos sectores urbanos. No obstante, estos logros no han sido suficientes para compensar las deficiencias estructurales en el sistema judicial ni para garantizar una aplicación equitativa de la ley en todo el territorio estatal.
Como valor agregado, cabe destacar que Quintana Roo se encuentra en proceso de implementar nuevos modelos de capacitación policial y fortalecimiento institucional, impulsados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los cuales buscan mejorar la profesionalización de los cuerpos policiales y reducir los tiempos de respuesta ante denuncias. Estas estrategias pretenden revertir el rezago en los próximos años y fortalecer el Estado de Derecho en la entidad.
En conclusión, el reto para Quintana Roo no solo radica en mejorar sus indicadores, sino en reconstruir la confianza social hacia las instituciones que deben garantizar la seguridad, la justicia y la transparencia. Mientras no se logren cambios profundos en la aplicación de la ley y en la rendición de cuentas, el Estado de Derecho seguirá siendo una deuda pendiente para la ciudadanía.
