Comunidades indígenas de México y Canadá exigieron a la empresa canadiense TC Energy una evaluación externa de los impactos causados por la imposición de los gasoductos Tuxpan–Tula y Puerta al Sureste en territorios ancestrales del estado de Veracruz.
En un comunicado, Greenpeace informó que integrantes de los pueblos otomí, nahua, totonaco, nuntajɨɨyi’ y tepehua, junto con el pueblo originario wet’su’wet’en de Canadá, presentaron el pasado 4 de junio una solicitud a la Asamblea General de Accionistas de la transnacional canadiense TC Energy -antes TransCanada-.
Dicha solicitud, busca que se realice “una evaluación independiente de los daños financieros, de tiempo, de reputación y de buena voluntad que ha sufrido la empresa por no obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas por sus proyectos”.
Según advirtieron en un comunicado del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, “el gasoducto Puerta al Sureste, que pretende llevar gas, extraído con la técnica altamente contaminante conocida como ‘fracking’, desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos, y a la refinería Dos Bocas, no contó con la participación de las comunidades indígenas locales”.
Sobre todo, “las comunidades pesqueras de la costa del sur de Veracruz” no han sido “informadas por la empresa de los impactos directos e indirectos de la obra para sus medios de vida”, señalaron.
Además, avisaron de que “el proyecto ha sido fragmentado en dos etapas, escondiendo así su verdadero impacto acumulativo”, lo que “viola todos los protocolos de consulta a comunidades indígenas y expone a la empresa a más riesgos, costos y retrasos”.
Maribel Cervantes Cruz, del Consejo Autónomo de Seguridad Comunitaria Nahua, aseguró que ninguna de las comunidades nahua, nuntajɨɨyi’ u otras comunidades indígenas costeras ha recibido información adecuada ni de TC Energy ni del gobierno mexicano sobre el gasoducto que quieren construir en su “territorio ancestral”.
Según el comunicado, en 2018 TC Energy decidió invertir en el gasoducto Coastal Gas Link que transportaría gas del interior de Canadá hasta la costa, para su posterior exportación. Sin embargo, en 2020, debido a que en el trazo original pretendía atravesar un centro ceremonial indígena, el Gobierno mexicano obligó a la empresa a desviar el proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula.
El Jefe Na’Moks del pueblo Wet’suwet’en indicó que “no obtener el consentimiento de las comunidades indígenas posiblemente afectadas no solo es una violación de los derechos humanos y colectivos, sino que es malo para el negocio”.
Además, las organizaciones denunciaron el incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que se debe realizar “una consulta previa, libre e informada”, donde “se dé a conocer toda la información necesaria de los impactos integrales” de los proyectos.
Los inconformes llamaron al Gobierno mexicano “a garantizar el cabal cumplimiento de los convenios internacionales que ha ratificado en reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”.
En agosto pasado, TC Energy negó que la construcción del gasoducto ‘Puerta al sureste’ ponga en riesgo un arrecife de coral en Veracruz, en el Golfo de México, como denunció previamente Greenpeace México.
Con información de EFE
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