Ecuador atraviesa una profunda crisis social y política con una serie de protestas que se intensifican día a día, a pesar de la declaración de estado de excepción por parte del presidente Daniel Noboa. Las manifestaciones, iniciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, han sumado a centenares de estudiantes en Quito. El gobierno, que califica los disturbios como violentos y criminales, se ha mantenido firme, mientras los enfrentamientos han dejado ya un muerto, más de 80 heridos y cerca de un centenar de personas detenidas.
Escalada del Conflicto: Subsidio y Denuncias de Violencia
El detonante de las protestas fue el anuncio del gobierno de Noboa, el 12 de septiembre, sobre el fin del subsidio al diésel, una medida que busca ahorrar US1.100millonesanuales.Sinembargo,loscrıˊticosadviertenqueelalzadel561,80 a US$2,80 por galón) impactará gravemente el costo de vida, especialmente para pequeños agricultores y comunidades indígenas. Noboa ha adoptado una postura de «mano dura», asegurando que «quienes actúen como criminales serán tratados como criminales» y extendiendo el estado de emergencia a 10 provincias, suspendiendo el derecho a la libertad de reunión.
Este martes, la tensión escaló con un incidente que el gobierno calificó como un intento de asesinato contra el presidente Noboa en El Tambo, Cañar. Aunque la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, habló de «signos de bala», expertos de BBC Verify señalaron que el daño visible en el vehículo presidencial era «más consistente con piedras o proyectiles lanzados a mano». Este incidente se suma a la muerte de un comunero indígena, Efraín Fuerez, cuya muerte por impacto de bala es atribuida a las Fuerzas Armadas por la Conaie, una acusación no confirmada por las autoridades.
El Foco de las Protestas Cambia a los Detenidos
A medida que las protestas avanzan, el foco de la movilización se ha ampliado. Originalmente centrados en el subsidio al diésel, los manifestantes exigen ahora la liberación de centenares de detenidos durante los disturbios. La Conaie ha denunciado «detenciones arbitrarias» y una «brutal acción policial y militar» contra el «pueblo movilizado».
El gobierno ecuatoriano ha intensificado las acusaciones, calificando a los manifestantes como «grupos terroristas» e informando que al menos 13 de los detenidos enfrentan cargos por terrorismo. Las Fuerzas Armadas citaron la emboscada a un convoy de alimentos, donde resultaron heridos 12 militares, como la «muestra más palpable de que la protesta no es pacífica». El gobierno también adelantó que cinco personas detenidas en el incidente de El Tambo serían procesadas por terrorismo e intento de asesinato.
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