29 OCTUBRE 2025-INTERNACIONAL-En medio de un clima de creciente violencia, más de un centenar de transportistas en Perú fueron desalojados por la policía luego de bloquear durante más de cinco horas una de las vías principales de Lima. Los manifestantes protestaban por el asesinato de un conductor ocurrido el lunes por la noche, el segundo crimen de este tipo en menos de una semana, en pleno estado de excepción decretado por el gobierno para frenar la ola delictiva que afecta a la capital y otras regiones del país.
Durante el operativo, agentes lanzaron bombas lacrimógenas y emplearon la fuerza para dispersar a los conductores, quienes respondieron con gritos y piedras. “¡Abusivos! ¡Vienen a defender a los delincuentes en vez de protegernos!”, reclamaban los choferes, indignados por lo que consideran una falta de respuesta del Estado frente al aumento de los homicidios y extorsiones que afectan al sector transporte.
El asesinato que desató la indignación
El hecho que encendió la protesta fue el crimen de José Esqueche, de 47 años, quien recibió varios disparos de dos hombres aún no identificados mientras conducía su unidad. Aunque fue trasladado a un hospital, no logró sobrevivir. Su asesinato se suma a una lista que crece cada semana y que, según el Observatorio del Crimen y la Violencia, ya suma 180 trabajadores del transporte asesinados entre enero y agosto de este año.
De acuerdo con la consultora Capital Humano y Social, detrás de muchos de estos ataques hay bandas dedicadas a la extorsión, conocidas localmente como “los cobradores de cupo”, que exigen pagos semanales a choferes, dueños de unidades y hasta cobradores para permitirles operar sin ser agredidos. Estas mafias han expandido su control en distintas zonas de Lima y en ciudades del norte, aprovechando la débil presencia policial y la corrupción local.
El estado de excepción y la desconfianza ciudadana
El gobierno peruano decretó hace una semana un estado de excepción para intentar contener la delincuencia, lo que permite la participación del Ejército en tareas de seguridad. Sin embargo, los transportistas aseguran que esta medida no ha tenido resultados visibles. “Estamos cansados de que todos los días nos maten, a la gente de restaurantes, a las pollerías, a las farmacias… estamos cansados”, expresó Josefina Solórzano, una de las manifestantes que se negó a abandonar la vía bloqueada.
Pese a los operativos militares, la percepción de inseguridad en el país continúa en aumento. Según una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos, el 82% de los ciudadanos considera que el crimen ha empeorado en los últimos meses, y la mayoría desconfía de las acciones del gobierno. Para los transportistas, el estado de excepción es solo una medida temporal que no resuelve el problema estructural: la falta de control sobre las bandas criminales y la impunidad con la que operan.
Las extorsiones, secuestros exprés y robos a mano armada se han normalizado en el transporte público, donde las víctimas rara vez denuncian por miedo a represalias. El propio gremio ha solicitado la creación de un registro nacional de ataques al transporte, además de una unidad especial dentro de la policía dedicada a investigar delitos vinculados a la movilidad urbana.
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