27 de Noviembre del 2025.- La gobernadora Delfina Gómez ha puesto sobre la mesa una reforma crucial para intentar salvar las finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), el cual enfrenta una crisis severa. Ante el riesgo de quiebra que señalan las autoridades estatales, la mandataria propuso modificar la ley actual para incrementar la edad de jubilación, pasando de los 62 años actuales a los 65 años como requisito. Esta medida busca ser el primer paso firme para el rescate financiero de la institución y garantizar su viabilidad futura ante los retos económicos que se avecinan para el sistema de seguridad social de la entidad.
Esta iniciativa forma parte integral del Paquete Fiscal que el gobierno del estado envió recientemente al Congreso local para su revisión detallada por parte de los diputados. Los integrantes de la 61 Legislatura ya se encuentran analizando el documento, y según declaraciones de Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, se espera que el dictamen esté listo antes del 15 de diciembre. La urgencia del tema sugiere que la discusión legislativa será prioritaria en las próximas semanas para definir el futuro de la edad de jubilación de los servidores públicos mexiquenses.
Desde sus tiempos de campaña, la gobernadora había señalado la urgencia de intervenir para rescatar al Issemym, y ahora, al comienzo de su tercer año de gestión, materializa esta intención con una reforma legal. El documento presentado aclara que el aumento en la edad de jubilación no se aplicará de golpe ni afectará retroactivamente a quienes ya cumplieron los requisitos, sino que se hará por etapas y con periodos de transición justos. Se adelantó además que estos cambios son solo el inicio de una serie de adecuaciones a largo plazo que se irán proponiendo para estabilizar el sistema de pensiones.
Crisis demográfica y financiera
La justificación central de la medida radica en la necesidad imperiosa de equilibrar el sistema frente a un cambio demográfico donde cada vez hay más pensionados en comparación con los trabajadores activos. Actualmente, se estima que solo hay cuatro empleados aportando por cada persona retirada, lo que genera una presión insostenible sobre los recursos y amenaza el equilibrio financiero si no se ajusta la edad de jubilación. Las cifras son alarmantes: desde el año 2000, el número de pensionados creció más de un 547 por ciento, pasando de 14 mil a más de 92 mil en la actualidad, con proyecciones de llegar a 140 mil para el año 2030.
De aprobarse la reforma, el artículo 88 establecerá que para obtener la pensión se requerirán 35 años de servicio y 65 años de vida, aplicándose el incremento de la edad de jubilación de manera gradual. El calendario propuesto estipula que para 2027 el requisito será de 63 años, subiendo a 64 en 2028 y alcanzando los 65 años en 2029. Asimismo, se busca modificar el artículo 90 referente al retiro por edad avanzada, aumentando el requisito de 67 a 70 años, manteniendo los 15 años de antigüedad laboral necesarios actualmente para acceder a este beneficio.
Antecedentes legislativos y viabilidad
La exposición de motivos defiende que esta medida refuerza la solidaridad entre generaciones, evitando que los trabajadores jóvenes carguen con un peso excesivo y protegiendo sus derechos futuros. Cabe recordar que la última modificación a la edad de jubilación ocurrió en 2012 bajo el mandato de Eruviel Ávila, cuando pasó de 60 a 62 años; posteriormente, en 2017, se intentó cambiar el sistema a cuentas individuales tipo Afore, una reforma que fue aprobada pero rápidamente derogada por la nueva legislatura dominada por Morena antes de que pudiera entrar en vigor el año siguiente.
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