3 de Octubre del 2025.- Desde el Palacio Nacional, Arturo Zaldívar, actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, ha presentado una propuesta formal para modificar el proyecto de reforma a la Ley de Amparo que se debate en el Congreso. El objetivo principal de estos ajustes es despejar cualquier duda sobre la posible aplicación retroactiva de la ley, un tema que ha generado una intensa polémica y preocupación entre juristas y ciudadanos. Zaldívar enfatizó que la sugerencia busca ofrecer claridad y certeza jurídica, asegurando que la nueva legislación solo tenga efectos hacia el futuro.
En su mensaje, el exministro presidente de la Suprema Corte fue claro al señalar que la postura del ejecutivo es firme en contra de afectar situaciones pasadas. «Como lo ha dicho la presidenta, no estamos a favor de ningún tipo de retroactividad», afirmó. Con un tono conciliador, Zaldívar extendió la propuesta a las y los legisladores como una sugerencia respetuosa, enmarcada en un «diálogo constructivo institucional» entre los poderes del Estado, con la intención de que la legislación de amparo sea comprensible para todo el pueblo de México y no deje lugar a interpretaciones ambiguas que puedan perjudicar a las personas.
El debate sobre la retroactividad es crucial, ya que uno de los principios fundamentales del derecho mexicano, establecido en el artículo 14 de la Constitución, es que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Este principio es una garantía de seguridad para los ciudadanos, pues asegura que las reglas no cambiarán para juzgar hechos que ocurrieron en el pasado. La preocupación de los críticos de la reforma era que, sin una redacción clara, la nueva Ley de Amparo pudiera usarse para afectar derechos o situaciones jurídicas ya consolidadas, generando un clima de incertidumbre legal.
Búsqueda de Claridad en la Legislación de Amparo
La propuesta de Zaldívar no busca alterar la esencia o el propósito original de la reforma, sino hacerla más precisa y explícita en sus alcances. Las adecuaciones sugeridas se centran en los artículos transitorios y en la redacción de los puntos más controversiales para que no quede la menor duda de que su aplicación será «pro futuro», es decir, hacia adelante. Esta intervención desde el Poder Ejecutivo busca calmar las aguas y facilitar un consenso en el Congreso, mostrando una disposición a escuchar y atender las críticas que han surgido desde diversos sectores de la sociedad sobre los posibles riesgos del proyecto original.
El juicio de amparo es considerado la herramienta de defensa más importante que tienen los ciudadanos en México para proteger sus derechos humanos contra actos abusivos de la autoridad. La reforma que se discute en el Congreso, más allá del tema de la retroactividad, busca modificar las reglas de la «suspensión», una medida cautelar que permite a los jueces detener temporalmente el acto que se reclama (como la construcción de una obra pública o la aplicación de una nueva ley) mientras se resuelve el fondo del amparo. Los críticos argumentan que limitar esta figura debilita la protección de los ciudadanos, mientras que sus defensores sostienen que busca evitar que proyectos de interés público sean frenados por intereses particulares.
El Contexto Político de la Reforma al Juicio de Amparo
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