Impactos y advertencias de especialistas
La Cámara de Diputados anunció que la venta y distribución de vapeadores quedará completamente prohibida en México. La reforma establece la prohibición total de vapeadores, abarcando la producción, importación, distribución y comercialización. Según los legisladores, esta medida busca proteger la salud de la población, especialmente de los jóvenes, que son el grupo más vulnerable a adicciones y daños respiratorios.
El dictamen inicial no contempla sanciones para quienes consumen vapeadores, únicamente para aquellos que buscan comercializarlos con fines de lucro. Morena, sin embargo, trabaja en ajustes al documento para dejar más claro que las penalizaciones aplicarán solo a la compra-venta y no al uso personal. La intención es evitar confusiones legales, aunque algunos expertos consideran que el marco sigue dejando margen para interpretaciones excesivas por parte de autoridades locales.
Especialistas en salud y economía han advertido que la prohibición total de vapeadores podría tener efectos no deseados. Uno de ellos es el surgimiento de un mercado negro controlado por grupos del crimen organizado. Este mercado ilícito, estiman, podría alcanzar ganancias de hasta 20 mil millones de pesos al año, generando un negocio ilegal más lucrativo que incluso el tráfico de otros productos prohibidos.
Cierre definitivo al vapeo comercial
Además, se alerta sobre el riesgo de que autoridades locales utilicen la reforma para aplicar sanciones desproporcionadas o extorsionar a jóvenes bajo la amenaza de cárcel, aun cuando solo consumen los dispositivos. Esta situación podría aumentar la presión sobre adolescentes y adultos jóvenes, generando conflictos legales y sociales que no estaban previstos en el dictamen original.
Especialistas señalan que la reforma tiene su origen en el cambio constitucional al artículo 4 impulsado por el presidente López Obrador, que refuerza la protección a la salud. Sin embargo, advierten que la eficacia de la medida dependerá de políticas complementarias, como campañas educativas sobre los riesgos del vapeo, y de la capacidad de las autoridades para controlar el comercio ilegal sin afectar derechos de los consumidores.
