CANCÚN, Quintana Roo.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) buscará que los desarrollos inmobiliarios y turísticos en México que se construyen sin contar con autorización de impacto ambiental o cambio de uso de suelo restituyan el daño
ambiental ocasionado, regresando los predios a sus condiciones originales, lo cual podría incluir la demolición de las obras edificadas.
Durante una entrevista, la titular de la dependencia, Mariana Boy Tamborrell, explicó que esta medida se aplicará en todos aquellos casos donde se hayan violado disposiciones ambientales, conforme al principio precautorio previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
La estrategia incluirá, además, propuestas legislativas para incrementar el monto de las sanciones, impedir regularizaciones posteriores y fortalecer la vía penal contra los responsables de la violación al marco legal, cuyas repercusiones impactan los ecosistemas del país.
“En todos aquellos casos donde se incumpla con la normatividad ambiental vamos a buscar la reparación del daño. ¿Esto qué implica en términos de desarrollos inmobiliarios?: Que todo aquel que no cumpla con su cambio de uso del suelo o Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) tendrá que regresar al estado que se encontraba previamente a la construcción”, dijo la funcionaria.
“Esto implica demoler, dejar el terreno, el predio como se encontraba antes de cometer la actividad ilegal”, expresó.
El proyecto MAIIM, en Tulum
Mariana Boy Tamborrell confirmó que es el caso del proyecto MAIIM, ubicado en la región costera de Tankah IV, en Tulum, Quintana Roo.
El complejo —integrado por tres edificios de cinco niveles y 30 condominios— se construyó sin la autorización federal de impacto ambiental. A pesar de ello, obtuvo permisos locales, como el cambio de uso de suelo otorgado en 2021 por el ayuntamiento de Tulum y una licencia de construcción emitida en 2022. Ese mismo año, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del estado expidió constancias de congruencia urbanística.
Amparo obliga a Profepa a validar clausura del proyecto Maiim Tulumhttps://t.co/Oh4MpvZ5Pj
El proyecto condominal Maiim Tulum fue iniciado sin contar con una manifestación de impacto ambiental. A pesar de esto, se le otorgó una licencia de construcción en 2022 y el Gobierno del… pic.twitter.com/furLkz65HO
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La organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) promovió un juicio de amparo contra estos actos, y el pasado 26 de mayo, el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún resolvió a su favor.
La sentencia ordenó revocar los permisos otorgados y consideró que el desarrollo fue edificado en una zona ecológicamente sensible, con matorral costero y presencia de especies protegidas, sin haber pasado por el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA).
La sentencia establece que las autoridades incurrieron en una omisión grave, contraria al principio de prevención ambiental.
De acuerdo con Antonella Vázquez Cavedón, representante de DMAS, la Profepa —también señalada en el amparo— tiene todas las atribuciones legales para ordenar la clausura y proceder con la restauración del predio, lo que incluiría la demolición de las edicaciones.
Al respecto, Mariana Boy indicó que, aunque Profepa aún no ha sido notificada formalmente, ya se encuentra en comunicación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, que podría concluir con la demolición del desarrollo.
Problema similar en otras entidades
En atención a una denuncia ciudadana sobre actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Profepa clausuró las obras de construcción del proyecto denominado "K Naj Community”, ubicado en un predio que se encuentra rumbo a El Mogote, en el municipio de La… pic.twitter.com/LbN4YFGWQ0
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La procuradora agregó que esta problemática no se limita a Quintana Roo. También se han identificado patrones similares en otras entidades como Yucatán, Campeche y Baja California.
Sin embargo, reconoció que Quintana Roo es “un foco rojo” por la presión inmobiliaria en zonas costeras de alto valor ambiental, donde se continúa construyendo sin respetar el marco legal.
Como ejemplo de esa situación, recordó que la semana pasada fueron clausuradas tres obras en Puerto Morelos, por carecer de autorizaciones en materia de impacto ambiental.
En ese sentido, la Profepa mantendrá operativos de inspección en obras en construcción y en proyectos que ya están en marcha, en atención a las denuncias ciudadanas.
Boy Tamborrell enfatizó que las multas económicas ya no son una medida disuasoria efectiva, pues muchos desarrolladores han incorporado estos costos como parte de sus proyecciones financieras.
Por ello, la Procuraduría contempla no sólo sanciones administrativas, sino también denuncias penales en los casos que así lo ameriten.
Con estas medidas –confirmó– la Profepa busca poner fin a una práctica común en el estado, resumida en una frase ampliamente conocida a nivel local y federal: “En Quintana Roo, más vale pedir perdón, que pedir permiso”.
Está bien que se busque proteger el medio ambiente y las áreas naturales, pero a veces siento que estas acciones pueden afectar a las comunidades que dependen del turismo para vivir. Es importante encontrar un equilibrio entre cuidar la naturaleza y apoyar a la gente que necesita trabajar.
Está bien que se busque proteger el medio ambiente y la legalidad, pero a veces parece que se actúa tarde. Muchas de estas obras ya han causado daño y la gente que invirtió en ellas se queda en la incertidumbre. Deberían ser más rápidos en actuar antes de que las cosas se salgan de control.
Está bien que se busque proteger el medio ambiente y las áreas naturales, pero a veces parece que se actúa tarde y solo cuando ya hay un gran problema. Es importante cuidar nuestros recursos, pero también se debería dar más apoyo a quienes quieren hacer las cosas bien desde el principio.