En un paso importante hacia el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de personas desaparecidas, la Secretaría de Gobernación dio a conocer 10 acciones clave para poner en marcha las reformas a la Ley General de Desaparición y Búsqueda. Estas medidas, que involucran a múltiples instituciones, buscan mejorar los procesos de búsqueda, identificación y atención integral a las víctimas y sus familias.
Reformas con enfoque integral
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido que este tema sea tratado como una prioridad nacional. Entre las acciones anunciadas destaca la expedición del nuevo reglamento de la ley antes del 15 de octubre de 2025, así como la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda, que ahora incluirá medidas de seguridad y protección a las familias involucradas en estas tareas.
Otro punto central es la puesta en marcha de una Plataforma Única de Identidad y una Alerta Nacional de Búsqueda, que permitirán agilizar los procesos de localización de personas. Además, se incorporarán herramientas tecnológicas como datos biométricos e imágenes satelitales, lo que representa un avance significativo en las estrategias de búsqueda.
Participación de colectivos y organismos
Las reformas también contemplan la participación activa de más de 450 colectivos y redes de familiares, quienes han aportado más de 570 propuestas legislativas y de políticas públicas. Estas contribuciones se agrupan en cinco ejes: búsqueda y seguridad, identificación humana forense, bases de datos, bienestar y prevención. “No basta con la aprobación de la ley; estamos trabajando en las consideraciones que nos han planteado para diseñar una política pública sólida”, afirmó Rodríguez.
El plan incluye la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, el fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas y el Banco Nacional de Datos Forenses, así como la atención al rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos. También se dará atención integral a los hijos e hijas de personas desaparecidas y se armonizarán las leyes locales con la Ley General.
Colaboración interinstitucional
En este proceso participan 17 dependencias, entre ellas el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CNDH, además de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
