La Fiscalía surcoreana puso un alto a lo que muchos consideran un intento de silenciar la crítica en internet. En una decisión que ha generado gran debate, la Fiscalía del Distrito de Incheon (sucursal de #Bucheon) falló en contra de la demanda que #HYBE —la poderosa empresa de entretenimiento detrás de #BTS y otros grupos— presentó contra un internauta que la comparó con el grupo #Hamás. HYBE acusaba al usuario de difamación e insultos, pero la justicia determinó que sus comentarios estaban protegidos por la libertad de expresión.
El internauta, en comentarios publicados en Naver News en septiembre de 2023, hizo referencia a presunta “manipulación mediática” por parte de HYBE, comparándola con tácticas atribuidas a organizaciones extremistas. HYBE lo consideró un ataque directo a su reputación, pero los fiscales concluyeron que las declaraciones eran opiniones personales y que no constituían afirmaciones falsas ni punibles.
Lo más relevante del fallo es que la Fiscalía dejó claro que las figuras públicas y las grandes empresas deben soportar un mayor grado de escrutinio y crítica social. Incluso si los comentarios son duros o incómodos, esto no implica que se rompa la ley. Para los fiscales, llamar a alguien “manipulador” o hacer comparaciones fuertes no siempre equivale a difamar.
Este caso ha despertado preocupación sobre los límites entre crítica legítima y censura. En redes sociales, muchos usuarios aplaudieron la decisión como una defensa importante de la libertad digital. Otros señalaron que aunque se debe permitir la crítica, se corre el riesgo de normalizar comparaciones peligrosas. El equilibrio entre reputación y libertad sigue siendo un debate abierto.
HYBE, por su parte, insistió en que los comentarios fueron “malintencionados” y dañinos. Sin embargo, la Fiscalía subrayó que no había pruebas suficientes para proceder penalmente, y enfatizó la importancia de proteger el debate público, especialmente cuando se trata de actores influyentes con alcance global.
La resolución deja una advertencia clara: no toda crítica dura es difamación, y las grandes empresas no pueden usar la ley como escudo contra la opinión pública. Aunque el caso se ha cerrado legalmente, ha abierto una conversación mucho más grande sobre el derecho a cuestionar sin temor a ser castigado.
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