2 DE OCTUBRE DEL 2025 – NACIONAL. La icónica zona arqueológica de Tulum ha reportado una notable disminución en el flujo de visitantes durante los primeros ocho meses del año, encendiendo las alarmas en el sector turístico de Quintana Roo. La caída registrada es de 21,504 personas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque la antigua ciudad maya se mantiene entre las tres zonas arqueológicas más visitadas del país, esta tendencia a la baja refleja un impacto directo en el turismo cultural del destino.
Los datos oficiales indican que, de enero a agosto, se contabilizaron 790,447 visitantes totales. Esta cifra es menor a los 811,951 reportados en los primeros ocho meses de 2024, lo que representa una disminución del 2.6% en la captación de turistas. Este descenso se produce a pesar de la consolidación de Tulum como un destino de talla internacional, sugiriendo que factores locales están influyendo negativamente en la afluencia turística.

Múltiples Factores Detrás de la Caída de Visitantes
La baja de visitantes coincide con una serie de problemas y controversias que se han suscitado en el municipio de Tulum a lo largo del año. Entre ellos, destacan los conflictos relacionados con el acceso a las playas y el incremento en las tarifas de ingreso a varias áreas naturales protegidas. Estos factores, combinados, podrían estar desalentando a los turistas a elegir este destino o a extender su estancia y visitas a los atractivos culturales.
Otro punto crucial es el notorio aumento en los costos de acceso. A partir de 2025, el cobro para entrar al Parque Nacional Tulum, que alberga la zona arqueológica, se duplicó de 61 a 122 pesos. Otras reservas cercanas también vieron sus precios duplicados: Sian Ka’an pasó de 100 a 200 pesos y el Parque Nacional Isla Contoy de 65 a 130 pesos. Este encarecimiento generalizado podría estar llevando a los visitantes a optar por otros sitios con costos más accesibles.
Protestas por Acceso a Playas y la Postura Oficial
A esta situación se sumaron las protestas del 31 de agosto, donde más de 500 personas, en su mayoría locales, exigieron la restitución del acceso gratuito a las playas del Parque Nacional Tulum. La controversia se centra en que la administración de estas áreas fue entregada a la empresa paraestatal Gafsacomm (Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya–México), lo que ha generado confusión y restringido el paso a los quintanarroenses.

El propio presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, se pronunció a favor de los ciudadanos, señalando que la molestia es justificada: «Si vives en uno de los mejores lugares turísticos del mundo y no te dejan entrar a la playa, es lógico manifestarse… tengo que ver por los ciudadanos». Aunque luego de las manifestaciones se flexibilizó el acceso a la playa, el impacto de estos conflictos en la percepción del destino por parte de los visitantes internacionales sigue siendo una preocupación.
Al final del año, será posible determinar con mayor precisión si estos problemas de accesibilidad y el alza de precios afectaron el volumen total de visitantes que llegaron a la zona arqueológica de Tulum. Lo que es innegable es que la coordinación entre las autoridades federales (que administran el patrimonio y los parques) y las locales es fundamental para garantizar que el aumento de tarifas no se traduzca en una pérdida de competitividad turística.
La Competencia por el Visitante Global y el Tren Maya
La disminución del 2.6% en los visitantes de Tulum, aunque marginal, es significativa en el contexto del proyecto del Tren Maya. El Tren, al tener una estación en Tulum, busca precisamente aumentar y diversificar la afluencia de turistas a la zona arqueológica. Sin embargo, si los problemas de accesibilidad a playas y el aumento de tarifas persisten, el destino corre el riesgo de no capitalizar plenamente la nueva infraestructura. La experiencia del visitante no se limita solo al sitio arqueológico, sino a todo el ecosistema de servicios y facilidades que ofrece el destino, lo que obliga a las autoridades a reevaluar si los aumentos de precio están justificados por una mejora equivalente en la calidad de los servicios turísticos ofrecidos a los visitantes.